El Govern publica el anteproyecto de ley que establece al profesorado como autoridad pública

Las agresiones a profesores de Baleares podrán castigarse con cuatro años de cárcel

La única protección que tienen ahora es remitir una circular a la Fiscalía General, que no está obligada a emitir un fallo

Tendrán potestad para emprender “medidas cautelares provisionales” cuando hasta ahora sólo podía hacerlo el director

El vandalismo en las aulas de Baleares contará en breve con un freno legal. El Govern balear ha publicado en el BOIB el borrador del anteproyecto de la ley reguladora de la convivencia escolar y la autoridad del profesorado en los centros educativos de las islas, una normativa que, por primera vez, establece los derechos y deberes de toda la comunidad educativa.

Así, se considerará autoridad pública a los directores, otros miembros del personal de dirección y a los docentes de los centros. Agredir a un profesor pasará por tanto a estar tipificado en el Código Penal, y conllevará penas de dos a cuatro años de cárcel.

Los profesores podrán tomar también medidas cautelares provisionales tras algún conflicto. Hasta ahora sólo son los directores de los centros los que están capacitados para ello. El rango de autoridad otorga a los maestros la presunción de veracidad, que hace que su palabra tenga más valor. De momento la única protección que tenían era mandar una circular a la Fiscalía General, aunque no se obligaba a los jueces a emitir un fallo. Ahora la Ley obligará a ello.

Según ha informado la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades en un comunicado, de esta forma ha culminado el trabajo de redacción del primer borrador por lo que, a partir de ahora, el documento se someterá a información pública con el fin de que las corporaciones, entidades y particulares afectados puedan examinar su contenido y presentar las alegaciones que consideren en un plazo de 15 días hábiles.

 MARCO LEGAL

  El principal objetivo de este anteproyecto es establecer un marco general que permita a los centros educativos no universitarios de  Baleares elaborar su plan de convivencia, proyectos educativos y sus normas de organización y funcionamiento para garantizar la convivencia y un buen clima escolar.

   Entre los principios que inspiran este anteproyecto de ley destacan el reconocimiento del papel fundamental que en los procesos educativos ejerce el profesorado, tanto como garante del ejercicio de un derecho fundamental como factor esencial de la calidad de la educación.

   Así, con este documento se pretende reconocer y reforzar la autoridad del profesorado y fomentar la consideración y el respeto en el ejercicio de sus funciones y responsabilidad. Por ello, se reconoce la consideración de autoridad pública a los directores, otros miembros del personal de dirección y a los docentes de los centros educativos.

   De esta manera, los hechos constatados por los profesores disfrutarán de presunción de veracidad cuando se formalicen por escrito en un documento que cumpla los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Además, los miembros del personal de dirección y los profesores de los centros públicos disfrutarán de asistencia jurídica con cargo a la Administración educativa.

   Otro elemento destacado del texto es la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa en la educación de los alumnos, con el establecimiento de los derechos y deberes, no sólo del alumnado sino, por primera vez en Baleares, también de sus padres y madres o tutores legales, del personal docente y del personal no docente de los centros educativos de las Islas Baleares.

  Por otra parte, en el texto se pone de manifiesto la importancia capital de los procesos de prevención como herramientas educativas fundamentales a la hora de conducir a la convivencia de la sociedad.

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