Cort cre que hay indicios de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias
El Ayuntamiento de Palma ha llevado ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Baleares la adjudicación del servicio de mantenimiento de jardinería de la Empresa Funeraria Municipal a la empresa Jardins de Tramuntana, gestionada por la pareja sentimental de la expresidenta del Consell de Mallorca y actual secretaria general del PSIB, Francina Armengol.
Así lo ha anunciado tras la Junta de Gobierno Local el portavoz del Consistorio de Palma, Julio Martínez, después de que un informe de los servicios jurídicos municipales, elaborado a raíz de un informe de la Sindicatura de Cuentas, considere que hay indicios de que esta adjudicación puede ser constitutiva de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
CONSECUENCIAS PENALES
Martínez ha recordado que este informe insta al equipo de Gobierno a poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos ocurridos durante la pasada legislatura «por sus posibles consecuencias penales».
De este modo, el portavoz del equipo de Gobierno municipal ha asegurado que «a partir de ahora, será la Fiscalía la que determine si hay consecuencias penales», por lo que ha aclarado que «no es una decisión política, sino una decisión vista las irregularidades que salen del informe de la Sindicatura de Cuentas».
Concretamente, ha apuntado que este informe de la Sindicatura de Cuentas indica que hay indicios de irregularidades tanto durante la preparación, como durante la adjudicación de este contrato, «con la deliberada voluntad por parte del anterior equipo de Gobierno de obviar la normativa en materia de contratación pública», como ha explicado Martínez.
En esta línea, ha detallado que una de las «irregularidades» de la adjudicación del servicio de mantenimiento de jardinería de los cementerios municipales es la «falta de clasificación por parte de la empresa Jardines de Tramuntana, un requisito que no se pidió en los pliegos, al margen del hecho de que la empresa estaba en causa de disolución, motivo por el cual ya no podía concursar».
Por ello, ha destacado que se trata de «una adjudicación nula de pleno derecho» según el informe de la Sindicatura.
Por otro lado, Martínez ha recalcado el informe «más importante», elaborado por el departamento de Intervención que el anterior equipo de Gobierno «escondió a la oposición durante dos años y sólo se descubrió cuando se revisaron las cuentas de 2008 dos años después».
Por su parte, la teniente de alcalde de Función Pública y Gobierno Interior y presidenta de la Empresa Funeraria Municipal, Irene San Gil, ha recordado que la Sindicatura ha detectado en este proceso varias irregularidades más «que pueden ser constitutivas de infracción penal».
NO SE PUBLICÓ EL PRECEPTIV0 ANUNCIO
Entre ellas, ha destacado la «no publicación de un anuncio público de este concurso en el Diario Oficial de la Unión Europea durante 52 días como marca la normativa, para garantizar el principio de igualdad y de libre concurrencia, que se añade a la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma del 1 de marzo, día festivo lo cual demuestra que se quisieron obviar las normas sobre publicación».
Además, San Gil ha indicado que tampoco consta ningún informe de puntuación de las diferentes propuestas que concurrieron, «no se sabe cómo se aplicaron los criterios de valoración» y ha añadido que la Empresa Funeraria Municipal devolvió todas las ofertas, que «por obligación deben guardarse durante 5 años por la posible presentación de recursos contra esta adjudicación».
«Ahora no consta ninguna documentación de cuáles fueron las propuestas de las empresas licitadoras», ha criticado, al tiempo que ha apuntado que dos años después de la contratación a Jardines de Tramuntana, la Empresa Funeraria Municipal sacó a licitación el mismo servicio de mantenimiento y una empresa lo realiza por 135.000 euros, «un importe muy inferior a los casi 200.000 por los que se adjudicó a Jardines de Tramuntana».
Finalmente, Martínez ha pedido «responsabilidades políticas», más allá del cese de la persona que estaba al frente de la Gerencia de la Empresa Funeraria Municipal cuando se produjeron estos hechos, porque «en ningún momento el anterior equipo de Gobierno dijo que el cese se producía por este motivo».
