Se ha levantado de manera provisional la imputación del primer edil de Inca Rafael Torres

El presidente del Parlament balear está con el agua al cuello tras imputarle Castro en la trama Over Marketing

Se investiga la supuesta financiación ilegal del PP en las elecciones

El presidente del Parlament balear está con el agua al cuello tras imputarle Castro en la trama Over Marketing
Pere Rotger Archivo

El juez que instruye el caso Over Marketing, José Castro, ha imputado al presidente del Parlament balear y exalcalde de la localidad mallorquina de Inca, Pere Rotger, quien será interrogado el próximo 18 de noviembre a las 12.30 horas. Al mismo tiempo, ha levantado de manera provisional la imputación del primer edil de Inca, Rafael Torres, después de que este jueves le tomara declaración.

Así, Rotger ha sido imputado en esta causa, que investiga una supuesta financiación ilegal del PP, después de que Torres apuntara en su declaración como imputado ante el juez Castro que fue su antecesor en el cargo y actual presidente del Parlament, quien encargó a la empresa Over Marketing la realización de unas encuestas sobre la calidad de vida en el municipio mallorquín, contratación presuntamente amañada por la que la mercantil acabó percibiendo 20.300 euros (17.500 sin IVA).

Durante su comparecencia ante el magistrado y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, Torres justificó que firmó el pago a Over puesto que el concejal que debía encargarse de este asunto «estaba enfermo» y, además, vio que el proyecto «estaba bien hecho».

El primer edil manifestó, sin embargo, conocer otros pormenores como el hecho de que fuesen invitadas al negociado otras dos empresas, una de ellas, según los investigadores, vinculada al Grupo Over y la otra, Cent & Ment, que presentó un presupuesto superior a la cantidad legalmente permitida para concurrir a este tipo de procedimientos. .

En relación con esta contratación, un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Over y al que tuvo acceso Europa Press, revela cómo el expediente «adolece de todo rigor» al haber sido cursado como un contrato menor cuando la cantidad que le fue abonada ascendía a más de 20.000. El Instituto Armado incide así en la forma como fue supuestamente maquillada la contratación para darle forma de negociado en el que concurrieron otras empresas.

Es más, el informe hace constar que «sería difícil desvincular de un Consistorio relativamente mediano y con un presupuesto no excesivamente alto del conocimiento del alcalde-presidente Pere Rotger el contenido y aprobación [del contrato] a Over». Asimismo, destaca el hecho de que no se opusieran a la aprobación de la factura, elevada a la Junta de Gobierno por el entonces teniente de alcalde Rafel Torres, ni la interventora municipal ni el asesor jurídico.

LA GUARDIA CIVIL PIDE LA DECLARACIÓN DE ROTGER

El Instituto Armado, ante la existencia de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, considera así la necesidad de que se tome declaración a Rotger, entre otros intervinientes en la contratación, para dirimir sus posibles responsabilidades y esclarecer el alcance de la adjudicación.

Por otro lado, Torres ha sido inquirido en torno a un taller de portavocía que fue adjudicado a Over y que, según la Guardia Civil, fue incluido en el presupuesto de las encuestas. De hecho, el Instituto Armado hace referencia a un documento incautado que rezaba ‘Esta ficha no se facturará, el importe se irá incluyendo por partes en otros presupuestos de otros proyectos’.

Al respecto, el alcalde ha recordado que Over propuso al Ayuntamiento la realización de 18 talleres de portavocía, durante tres años, por unos 300.000 euros, para lo cual la empresa les ofreció la posibilidad de ver una muestra de lo que sería el proyecto, acudiendo a la misma el propio Torres y su jefe de prensa. Según ha expuesto, el Ayuntamiento rechazó finalmente la propuesta al cabo de varios días.

Un escrito de la Fiscalía señala que el precio del servicio por la realización de las encuestas estaba «notablemente hinchado» al haber subcontratado Over al Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Baleares (IBES), al que abonó 9.800 euros cuando del Consistorio de Inca Over Marketing recibió por este servicio un total de 20.300 euros.

 

EL PP ESPERARÁ

El PP esperará a la declaración del presidente del Parlament, Pere Rotger, del próximo 18 de noviembre, para pedirle que ponga su cargo a disposición del partido, ha informado el portavoz del Govern, Rafael Bosch.

   Después de que el juez que instruye el caso Over Marketing, José Castro, haya imputado a Rotger, Bosch, tras dar cuenta de los acuerdos del Consell de Govern, ha recordado que el Código Ético del PP contempla que si un miembro de la formación es imputado éste debe poner su cargo a disposición del partido, para que los órganos internos de éste decidan en consecuencia.

   Así, ha considerado que el actual presidente de la Cámara tendrá que poner su cargo a disposición del PP, si bien ha añadido que «lo razonable» es que lo haga tras su declaración del día 18. De esta manera, el partido esperará a «los próximos días» puesto que sería «paradojal» que le hiciesen poner su cargo a disposición del partido y posteriormente el juez el retirase la imputación.

   Bosch, quien ha mostrado su «respeto» a las actuaciones judiciales, ha recordado que el Código Ético del PP recoge tres aspectos destacados: que no llevará imputados en sus listas electorales, que los imputados deben poner su cargo a disposición del partido, y que se inicia el proceso de expulsión si hay medidas cautelares. «Se seguirá el procedimiento habitual», ha añadido.

   No obstante, ha recordado el levantamiento provisional que se ha producido este viernes del alcalde de Inca, Rafael Torres, y, por ello, ha explicado que «lo razonable» sería exigir a Rotger que ponga su cargo a disposición del partido una vez que ya haya declarado ante el juez.

    Rotger ha sido imputado en esta causa, que investiga una supuesta financiación ilegal del PP, después de que Torres apuntara en su declaración como imputado ante el juez Castro que fue su antecesor en el cargo y actual presidente del Parlament, quien encargó a la empresa Over Marketing la realización de unas encuestas sobre la calidad de vida en el municipio mallorquín, contratación presuntamente amañada por la que la mercantil acabó percibiendo 20.300 euros (17.500 sin IVA).

   Durante su comparecencia ante el magistrado y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, Torres justificó que firmó el pago a Over puesto que el concejal que debía encargarse de este asunto «estaba enfermo» y, además, vio que el proyecto «estaba bien hecho».

LAS RAZONES DEL JUEZ CASTRO

El juez instructor del caso Over Marketing, José Castro, ha alegado por otras parte, en el auto por el que ha acordado la imputación del presidente del Parlament, Pere Rotger, que los hechos presuntamente delictivos por los que fue interrogado este jueves el alcalde de Inca, Rafael Torres, le llevaron a «abrigar dudas» sobre la culpabilidad del primer edil mientras que, por el contrario, conducían a la necesidad de citar a Rotger como encausado.

   Así lo pone de manifiesto el magistrado en su resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que asevera que en el curso de la declaración de Torres «este instructor fue abrigando dudas sobre la naturaleza delictiva de los hechos que en su día protagonizó» el alcalde y ue «son incompatibles con el mantenimiento por más tiempo de su imputación», mientras que «a ‘sensu contrario’ conducen» a acordar el encausamiento de Rotger.

   Así las cosas, la cita del presidente de la Cámara autonómica con el juez tendrá lugar en un día clave dentro de la instrucción de la causa, el próximo domingo 18, jornada en la que también han sido emplazados a declarar como imputados el expresidente del Govern y Jaume Matas, así como su cuñado y extesorero del PP balear Fernando Areal. Un día antes, el sábado, está citado el exconseller de Interior y exdelegado del Gobierno en las islas José María Rodríguez.

   Todo ello en el marco de una causa que constituye la ramificación balear de la trama Gürtel y que investiga una supuesta financiación ilegal del PP así como el amaño de expedientes de contratación en favor de la empresa Over, cuyo administrador, Daniel Mercado, quien se ha prestado a colaborar con las investigaciones al confesar el trato de favor del que gozó su empresa, de forma presuntamente ilegal, a lo largo del último mandato de Matas (2003-2007).

   Las investigaciones apuntan a que los entonces máximos dirigentes del PP, con Matas a la cabeza, estaban al tanto de las supuestas irregularidades. En el caso de Rotger, su nombre ha salido a la luz no sólo en diversos informes del sumario de la causa sino también de boca de varios de los imputados que han prestado declaración ante el momento, entre ellos de Torres.

   El alcalde de Inca apuntó en su declaración que fue su antecesor en el cargo quien encargó a la empresa Over la realización de unas encuestas sobre la calidad de vida en el municipio mallorquín, contratación presuntamente amañada por la que la mercantil acabó percibiendo 20.300 euros (17.500 sin IVA). Torres justificó que firmó el pago a Over puesto que el concejal que debía encargarse de este asunto «estaba enfermo» y, además, vio que el proyecto «estaba bien hecho».

   El primer edil manifestó, sin embargo, desconocer otros pormenores como el hecho de que fuesen invitadas al negociado otras dos empresas, una de ellas, según los investigadores, vinculada al Grupo Over y la otra, Cent & Ment, que presentó un presupuesto superior a la cantidad legalmente permitida para concurrir a este tipo de procedimiento

ADOLECÍA DE TODO RIGOR

En relación con esta contratación, un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Over y al que tuvo acceso Europa Press, revela cómo el expediente «adolece de todo rigor» al haber sido cursado como un contrato menor cuando la cantidad que le fue abonada ascendía a más de 20.000. El Instituto Armado incide así en la forma como fue supuestamente maquillada la contratación para darle forma de negociado en el que concurrieron otras empresas.

   Es más, el informe hace constar que «sería difícil desvincular de un Consistorio relativamente mediano y con un presupuesto no excesivamente alto del conocimiento del alcalde-presidente Pere Rotger el contenido y aprobación [del contrato] a Over». Asimismo, destaca el hecho de que no se opusieran a la aprobación de la factura, elevada a la Junta de Gobierno por el entonces teniente de alcalde Rafel Torres, ni la interventora municipal ni el asesor jurídico.

   El Instituto Armado, ante la existencia de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, consideraba así la necesidad de que se tome declaración a Rotger, entre otros intervinientes en la contratación, para dirimir sus posibles responsabilidades y esclarecer el alcance de la adjudicación.

 

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