La octogenaria mostraba claros síntomas de un cuadro depresivo según una trabajadora social
La octogenaria madre hallada muerta hace escasos días junto a su hija discapacitada y ciega de 42 años, en su vivienda de Astorga (León), iba a ser desahuciada por impago del alquiler, según ha confirmado este jueves el Tribunal de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
Como se recordará ambas fueron encontradas muertas en sus respectivas camas en la vivienda, la primera por causas naturales y la segunda por inanición al no haber podido ser atendida por nadie. Sufría una grave discapacidad que la impedìa la movilidad.
Según informa la agencia Europa Press citando fuentes jurídicas, el 17 de mayo de 2012 el Juzgado Número 2 de Astorga recibió una demanda de desahucio contra esta mujer por impago de alquiler, la cual fue admitida el 11 de junio «tras subsanarse algunos impedimentos técnicos».
A partir del 27 de junio, el Juzgado inició los trámites para darle a conocer a la mujer la demanda interpuesta contra ella, actuaciones que fracasaron «al no dar con su paradero». Sin embargo a través de vecinos, el Juzgado conoció que la hija se encontraba ingresada, situación por la cual el propietario del piso solicitó la suspensión temporal del procedimiento.
No obstante, el 14 de septiembre se reanudó a la vista del alta médica que llegó al Juzgado, en el cual se señala una nueva fecha de juicio y de lanzamiento para el 23 de octubre, aunque se intentó «sin éxito» darlo a conocer a la mujer.
Tanto por exigencias de la norma como por petición del propietario del inmueble, el Juzgado había iniciado los trámites para que se publicara el edicto correspondiente de desahucio, el cual no ha llegado a ejecutarse por el fallecimiento de ambas inquilinas, el cual se produjo «por causas naturales», según el informe del forense.
REMOCIÓN DE LA TUTELA
A esto se suma que el 23 de octubre de 2012 se recibió en el mencionado Juzgado un fax de una trabajadora social de una clínica de la provincia de León en la que se valoraba que la mujer fallecida mostraba «unas condiciones no del todo favorables respecto a la relación con su hija por cuadro depresivo».
Ante esto, la Fiscalía solicitó la remoción de la tutela de la hija discapacitada, por lo que la juez inició entonces una serie de actuaciones para localizar a la madre y citarle, a fin de escuchar su declaración, dentro del proceso iniciado de remover la patria potestad.
Estas actuaciones fracasaron «a pesar de los esfuerzos de los funcionarios del Juzgado» que intervinieron para dar con el paradero de la madre.
