No les echarán de sus casas hasta determinar quiénes pueden acogerse al decreto ley de medidas urgentes

Los jueces de Palma dan un mes de respiro a los ciudadanos al borde del desahucio

Estaban señalados desde este lunes un total de 66 ejecuciones

Los jueces de Palma dan un mes de respiro a los ciudadanos al borde del desahucio
Durante un mes algunos respirarán tranquilos Archivo

La PAH calcula que a final de año habrá 4.000 personas desahuciadas en Mallorca

La junta de jueces de Primera Instancia y Mercantil de Palma han solicitado a los secretarios judiciales que durante un mes suspendan los procedimientos de desahucio y ejecución hipotecaria, con el objetivo de «dar un margen» a los ciudadanos para que pueda estudiarse cada caso y determinar quiénes pueden acogerse al decreto ley de medidas urgentes aprobada en este sentido.

Así lo ha anunciado el decano del partido judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, quien ha explicado que los secretarios prevén informar directamente a las personas afectadas para analizar si cumplen los requisitos económicos y sociales establecidos en la normativa para que puedan beneficiarse de la paralización de los desahucios durante dos años.

En concreto, el servicio común de lanzamientos del partido judicial de Palma tiene señalados desde este lunes al 19 de diciembre un total de 66 lanzamientos de ejecuciones hipotecarias, de los cuales se verán afectados por la suspensión de un mes los de viviendas habitadas, tal y como han informado, por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Por el contrario, si se trata de locales no destinados a vivienda (como por ejemplo comerciales) o viviendas vacías, serán ejecutados. Tal y como ha manifestado Martínez Espinosa, esta medida pretende «dar margen» a los ciudadanos para evitar que, por la «premura» de la Ley, los ciudadanos se encuentren en la calle antes de hacer vales su petición de ampararse a la nueva normativa.

Sobre su valoración acerca de la moratoria de dos años, el juez decano confía en que tras esta medida «haya una reforma de calado en las ejecuciones hipotecarias» ya que, de no ser así, el Real Decreto «no tendría sentido si únicamente es puntual».

CONFÍA EN UNA «ULTERIOR Y SOSEGADA REFORMA DE LA EJECUCIÓN»

Tal y como ha incidido al respecto, con este decreto al ciudadano «se le suspende el lanzamiento pero no la ejecución, lo que provoca la acumulación de intereses de demora». Ante esto, ha recalcado la necesidad de que la entrada en vigor del Decreto Ley conlleve «una ulterior y más sosegada reforma de la ejecución hipotecaria».

En este contexto, Martínez Espinosa ha hecho hincapié en que los lanzamientos se derivan tanto de juicios por desahucio como de ejecuciones hipotecarias, al no poder hacer frente a los préstamos hipotecarios o por el cumplimiento del acuerdo contractual.

En concreto, según ha especificado, entre el 1 de enero y el 9 de noviembre de 2011 se pidieron un total de 859 ejecuciones hipotecarias (personas que han dejado de pagar su hipoteca) mientras que, en el mismo periodo de este año, se han solicitado 1.169.

CUATRO MIL DESAHUCIOS EN MALLORCA

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Mallorca calcula por otra parte que «a final de año habrá 4.000 personas desahuciadas» en la Isla, razón por la cual unos 40 afectados han presentado este lunes un escrito de suspensión de los procesos de ejecución hipotecaria, subasta y lanzamiento en los juzgados civiles de Sa Gerreria en una acción conjunta que se ha desarrollado en todo el país.

   En declaraciones a Europa Press, Angela Pons, miembro de la PAH Mallorca, ha lamentado que «de las aproximadamente 40 personas» que se han presentado hoy, «sólo dos» entran dentro de los baremos del decreto ley de medidas urgentes para paliar los desahucios, normativa que ha tachado de «insuficiente y restrictiva».

   Pons ha incidido en que con esta nueva ley «el gran ganador es la banca porque no se habla de dación en pago, o de qué pasará con la deuda después de la moratoria». Respecto a los defectos de la misma, ha recordado que «no están incluidas las personas que tienen aval, las familias con hijos mayores de tres años, los solteros o las parejas sin hijos».

   Por su parte, Cynthia Gómez, hija de una afectada, ha explicado que tras el divorcio, «el marido de mi madre» «desapareció y se marchó a un paraíso fiscal y nunca llegó a pagar la pensión». En este sentido,  ha reprochado que la mujer «no recibe ninguna ayuda porque en la sentencia de divorcio sí que queda recogida una pensión» que nunca se llegó a hacer efectiva.

   Gómez ha afirmado que «sin tener ningún tipo de ingreso más que la ayuda de Banco de Alimentos y de Cáritas» su madre se enfrenta a una «ejecución hipotecaria». «No es la única persona que está pasando una situación muy complicada, y se encuentra fuera de los parámetros» que establece la normativa, ha añadido.

LA UE EXAMINA EL SISTEMA DE EJECUCIÓN ESPAÑOL

   El documento que se ha presentado incide en que, actualmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está examinando si el sistema de ejecución hipotecaria español respeta los parámetros mínimos que exige la normativa comunitaria de tutela de consumidores y usuarios, después de que el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona le plantease una cuestión prejudicial.

   Esgrimiendo estas circunstancias, el documento solicita la suspensión inmediata el proceso, en virtud de la pendencia de la sentencia del TJUE, así como en virtud de la prejudicialidad civil, pues alega que el tribunal barcelonés todavía no ha resuelto y está decidiendo sobre una cuestión que constituye objeto del litigio que se plantea.

   De manera subsidiaria, también solicita que, en caso de no apreciarse la suspensión por estos motivos, se plantee una cuestión prejudicial al TJUE.

 

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