El Gobierno se limita a entender que al disminuir el número de procedimientos se conseguirá agilizarla
Pocas veces se había escuchado una voz tan unánime en el mundo judicial. Jueces, fiscales, procuradores y abogados se han levantado en armas contra las tasas judiciales que recientemente ha impuesto el Ministerio de Justicia a todas aquellas personas que necesiten litigar. El colectivo más afectado es el de los procuradores.
Renovación Balear ha entrevistado a Frederic Ruiz, su decano en Baleares.
-¿Qué sentido tienen las tasas judiciales?
-Tal y como nosotros lo vemos, tiene una doble vertiente. La recaudatoria y la disuasoria. Tal y como están configuradas tienen un precio muy elevado y, de hecho, cuando se diseñaron, se calculó el montante que se iba a obtener con ellas y el destino final de ese dinero. Por otra parte, con ellas disminuirá el acceso a la justicia, por parte de aquellas personas menos favorecidas. No obstante, el Gobierno, se limita a entender que al disminuir el número de procedimientos, se conseguirá agilizar la Justicia.
-¿Cómo afectan al ciudadano? ¿Quién y qué paga?
-Nos hemos opuesto a las tasas porque con ellas se exige el mismo esfuerzo a una persona o entidad independientemente de su situación social, económica o personal. Eso significa que en un procedimiento de una determinada cuantía, tendría la misma carga impositiva una gran empresa que un ciudadano con pocos recursos.
Otra de las informaciones erróneas que se están dando está relacionada con la cantidad que se deberá pagar, porque sólo se hace referencia al tramo fijo, sin tener en cuenta que existe otro porcentaje variable. Cuando dicen que para un recurso de apelación se deberán pagar 800 euros, hay que matizar que esta cifra es un mínimo al que hay que agregar el 0,5% de la cuantía del procedimiento, con lo que el precio se puede disparar. El límite se establece en los 10.000 euros.
-¿Es cierto que en casi toda Europa se pagan tasas similares?
-Aquí siempre hablamos de cómo funciona Europa, pero no de las posibilidades de aquellos países europeos con rentas más bajas. Queremos equiparar nuestros servicios y cargas en relación a la Unión Europea pero sin tener en cuenta cuáles son los ingresos que perciben los trabajadores en cada uno de estos países. Me explico: los salarios de Alemania o Bélgica poco tienen que ver con los de España.
-¿Cree que estas tasas son inconstitucionales?
-Si tenemos en cuenta que la Constitución consagra el acceso de las personas a la tutela judicial efectiva, podríamos concluir que con la implantación de las tasas disminuye el acceso de un amplio sector de la población al sistema judicial. Las grandes empresas ya pagaban una tasa, para estas todo sigue igual, al igual que los beneficiarios de la justicia gratuita. Pero entre ambos queda un amplio abanico que comprende a la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas y a muchos particulares que no tienen la capacidad económica para acceder al derecho de la tutela efectiva. Debemos partir de la base de que quien pone en marcha un procedimiento no lo hace por gusto, sino por necesidad; y ahora es mucho más difícil.
-¿Cómo puede ahorrar la Justicia?
-Los procuradores llevamos más de dos años trabajando de forma telemática. Uno de los motivos por los que se implantó este sistema fue el ahorro. La nueva normativa también nos permite efectuar tareas de comunicación y actos de ejecución, con lo que los juzgados ya se han descargado económicamente. Lo que nos preguntamos es a dónde van a parar todas estas sumas que la Administración ahorra gracias a nuestro trabajo. Para mí, lo que está claro es que la imposición de las tasas denota el fracaso de la justicia. Me explico. Ante la incapacidad de resolver los problemas, se opta por reducir el número de procedimientos.