Bustos y Fernández abandonan las secretarías de organización y política municipal del PSC por su implicación en un fraude urbanístico y de tráfico de influencias
Cataluña vive horas críticas, se le acumulan los problemas pendientes de solución, sus arcas están vacías, el tufo de la corrupción invade sus instituciones y las perspectivas económicas empeoran por momentos.
Si algo no necesitan los catalanes son señuelos separatistas ni vanas promesas de falsos paraísos.
Para empezar, hay que tomar buena nota de dos advertencias registradas este 27 de noviembre de 2012: una, de la agencia de calificación Fitch augurando que la Generalitat se enfrenta a graves problemas de liquidez, muy superiores a los admitidos públicamente por Artur Mas; y la otra, del propio portavoz de la Generalitat en el sentido de que en 2013 el ajuste del gasto público será doblemente doloroso porque deberá hacer recortes que por motivos electorales no se han hecho en este 2012.
Si a ello le sumamos que las facturas pendientes de abonar a los proveedores rondan los mil quinientos millones de euros, se llega a la conclusión de que lo último que necesita Cataluña es un referéndum.
Sin embargo, no parece que CiU y su máximo dirigente se den por aludidos, demasiado ocupados en ganarse el apoyo de los independentistas republicanos.
Artur Mas mantiene su apuesta por el referéndum pero no lo hará mientras no tenga un Gobierno estable. Los nacionalistas buscan un socio para recortar otros 4.000 millones de euros en 2013, pero ya han dejado claro que quieren pactar con ERC.
Si se tiene en cuenta que ERC exige una fuerte subida de impuestos, poner fin al recorte del gasto público y eliminar el copago farmacéutico, no es extraño que en la sociedad catalana cunda la perplejidad.
Sobre todo porque sea elegida por CiU como aliada estratégica para los próximos cuatro años una formación radical que ha sido causante, como miembro de aquel infausto Gobierno tripartido, de la ruina que arrastra la Generalitat.
La tensión entre Mariano Rajoy y Artur Mas sigue siendo enorme. De hecho, dos días después de las elecciones, este martes aún no se había producido ni siquiera la típica llamada de cortesía. Rajoy no tiene intención de llamar.
«Los puentes entre el PP y CiU en está campaña han quedado muy debilitados por no decir rotos», resumió Josep Antoni Duran Lleida en los pasillos del Congreso.
Sin embargo, al Gobierno le preocupa mucho que Cataluña entre en fase de inestabilidad y sobre todo que un pacto con ERC impida a CiU llevar adelante los recortes que a Rajoy le exigen en Bruselas.
El presidente, después de una campaña durísima, cambió este 27 de noviembre por completo el tono y lanzó una especie de mano tendida a Mas aunque siempre condicionada a una clara rectificación que CiU no está dispuesta a hacer.
Rajoy no lo dijo claramente, pero el PP sí: esa rectificación implica aparcar el plan soberanista.
Pero, como subraya el diario ‘La Razón’, este sin vivir político no es el único motivo de asombro y escándalo para el ciudadano.
La sociedad catalana asiste desde hace muchos meses a varios escándalos de corrupción que afectan a la médula de la clase gobernante, ya sea autonómica o municipal.
A los conocidos casos del Palau y Pretoria, se suma otro destapado este martes no menos alarmante: la «Operación Mercurio» contra la corrupción urbanística, con la imputación de 26 personas, entre ellas destacados dirigentes socialistas como los alcaldes de Sabadell y Montcada y el secretario de Organización del PSC.
Naturalmente, todas ellas gozan de la presunción de inocencia y sobra cualquier prejuicio. No obstante, sí parece confirmarse que el cáncer de las administraciones catalanas es «el 3%», expresión acuñada por Pascual Maragall para definir la «mordida» de los contratos públicos.
Una enfermedad que afecta con la misma virulencia a socialistas y nacionalistas, es decir, a los partidos que gestionan la gran mayoría de las instituciones.
La situación es sumamente grave y requiere la enérgica actuación de la Justicia, empezando por desatascar el «caso Palau» y por investigar si Artur Mas y otros dirigentes de CiU poseen cuentas ocultas en paraísos extranjeros.