El juez sigue investigando si la sospechosa empresa fue beneficiada con fondos públicos durante la legislatura de Jaume Matas
La Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares lo tiene claro a pesar de que camina sobre un camino plagado de arenas movedizas. Esta mañana se ha personado en el juzgado de Instrucción número 3 de Palma, y ha solicitado como si tal cosa el archivo de las actuaciones en el caso Over referidas al presidente del Parlament, Pere Rotger.
Como se recordará el juez ha imputado al mentado a raíz de la contratación que éste suscribió durante la legislatura de Jaume Matas con la sospechosa empresa Over Marketing cuando era alcalde de Inca.
Por entonces encargó a la misma, y por importe de 20.000 euros, un estudio sobre hábitos de vida en el municipio. Esta circunstancia llevó al actual alcalde del municipio, Rafael Torres, a estar imputado a su vez, aunque finalmente el juez Castro fue clemente y lo dejó sin cargos tras oír sus convincentes argumentos.
«NO HA HECHO NADA IRREGULAR»
Por boca del portavoz del Govern esta misma mañana se daba a conocer la postura del Ejecutivo balear, que en una inhabitual postura ha decidido dar un golpe de efecto metiendo la mano en el fuego. Así, Rafael Bosch ha dicho sin tapujos que «el señor Rotger no ha hecho ninguna actuación irregular que suponga su imputación».
Es más, Bosch ha dado la cara en nombre de sus superiores y ha agregado que «la normativa que se aplicó en el momento de realizar la factura era correcta, el precio ajustado a mercado y la actividad se realizó». El mismo discurso esgrimió Rotger el pasado 18 de noviembre cuando declaró a tal efecto ante el juez instructor en los juzgados de Palma.
Como se sabe el Govern está personado en este asunto de presunta corrupción, que se sustenta en la más que sospechosa probabilidad de que Over fue beneficiada generosamente con fondos públicos durante la legislatura 2003-2007, todo ello a ‘recibo’ de haber llevado a cabo la campaña electoral del PP.
La lista de imputados por esta causa es ya tediosa y abarca a exconselleres, a dos exdelegados de Gobierno y a un sínfín de personas que van desde un exgerente a directores generales varios. Habrá que esperar a ver qué es lo que decide el juez José Castro y si la jugada sale ahora bien, o todos se han pillado los dedos.