El PSIB ha denunciado por su parte ante la Guardia Civil la situación "ilegal" que supone la llegada de los primeros barcos con residuos
El grupo ecologista GOB enciende de nuevo la alarma roja ante la inminente llegada a Mallorca, desde la península y países de la UE, de basura variada para su posterior incineración en la planta de Son Reus.
A su juicio, el oscurantismo que el Consell de Mallorca hace gala a la hora de dar a conocer los datos reales en cuanto a importar residuos, así como al funcionamiento y operación de la citada incineradora y del control de la contaminación, «alimenta la alerta generada por las consecuencias reales que el incremento de la incineración puede tener para la población de Mallorca».
En una campaña que denuncian repleta de «falsedades y greenwashing» que ha acompañado durante estos meses la propuesta de Tirme, «así como la tramitación irregular administrativa», pone a su entender en tela de juicio este proyecto que ya está en marcha con todas las de la ley.
Preguntas sobre las características y procedencia de esta basura que se quemará en Son Reus quedan por tanto en el aire, lo mismo que cuestiones básicas como: «cuánto, cuándo, dónde, qué …» No hay respuestas de momento.
Se recuerda además que hay datos alarmantes en torno a la posible presencia de dioxinas en las inmediaciones de la incineradora: «El propio Consell ha reconocido que la Comisión Técnica ha detectado irregularidades en uno de los pozos.»
Se quiere poner de relieve, también, «la evidencia científica de la existencia de una relación directa entre la incidencia de muertes por cáncer entre poblaciones cercanas a las incineradoras, dato publicado en una revista científica de prestigio internacional y realizado por el Instituto de Salud Carlos III dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad».
Esta circunstancia «hace que desde el GOB se eleve la alarma de lo que puede suponer duplicar la incineración en Mallorca con residuos provenientes de fuera de Mallorca para a la salud pública».
Continúan diciendo que
«el chantaje económico no debe justificar que Mallorca acepte quemar más y tener más contaminación y riesgos para la salud. La justificación de esta descabellada propuesta del Consell es la disminución de la tasa que pagamos para quemar residuos pero, ¿cómo se contabilizan los costes sanitarios que tendremos que pagar por estar más expuestos a los contaminantes derivados de la incineración? Como se cuantifican los costes del mayor riesgo a morir de cáncer?»
EL ESTUDIO
El estudio del Instituto Carlos III – el primer estudio que analiza el riesgo de morir de cáncer relacionado la incineración a nivel nacional-evidencia que existe una correlación entre la mayor incidencia de casos de muerte por cáncer en poblaciones cercanas a las incineradoras, y habla no sólo de la emisión de partículas a la atmósfera, sino también de la contaminación de los acuíferos cercanos y la contaminación de los suelos por diposición sobre el terrenos de los contaminantes vía lluvia.
Lanzan finalmente los ecologistas un llamamiento para que se revise el contrato con Tirme»y los términos de la concesión del servicio público», y poner de paso «el interés general por encima de los beneficios empresarial del conglomerado de empresas que conforman Tirme que se beneficiaron ya con la construcción de las nuevas líneas (autorizadas en 2007 y ejecutadas por FCC, accionista de Tirme) y con la venta de electricidad a ENDESA (también parte del accionariado de Tirme, vía ENEL, eléctrica italiana que la compró).
EL PISB LO DENUNCIA A LA GUARDIA CIVIL
Por su parte, el diputado del grupo parlamentario socialista Cosme Bonet ha acudido a la Delegación de Gobierno de Baleares para dar a conocer al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la situación «esperpéntica y totalmente ilegal» que, en su opinión, supone la llegada de los primeros barcos con residuos para incinerar en Son Reus.
Bonet ha explicado que el PSIB ha tomado la decisión de informar a las autoridades ambientales tras el informe del secretario del Consell de Mallorca que advertía de la necesidad de modificar el contrato del Consell de Mallorca con la concesionaria Tirme para poder tratar residuos de fuera de Mallorca.
El diputado ha anunciado que el PSIB también comunicará esta «irregularidad» a la dirección general de Calidad Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, a la que le reclamarán que realice los «estudios pertinentes», que garantice la seguridad de la calidad ambiental y que exponga los peligros que puede conllevar la incineración de estos residuos para la salud pública.
Por su parte, la portavoz adjunta del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, ha apuntado que se han dirigido a estas instituciones porque «el PP ha pasado por encima de todos».
