Se encuentran imputados, entre otros, Catalina Julve, exvicepresidenta de UM que era consellera insular de Medio Ambiente cuando los hechos
Conocer el importe facturado al Consell de Mallorca por las UTE adjudicatarias del servicio de recogida selectiva de basuras y gestión de los contenedores en la Part Forana entre 2006 y 2010 va a ser, cuando menos, tarea ardua y dificultosa en vista de la inoperancia del actual equipo de la institución.
La investigación sobre la presunta trama de corrupción que se valía supuestamente de facturas falsas para hacerse con ingentes cantidades de fondos públicos, lo que en su día fue dado en llamar ‘Operación Cloaca’, ha quedado atascada en las alcantarillas burocráticas.
Así, el Consell de Mallorca ha solicitado ahora al juez más tiempo para poder elaborar una pericial en este marco, alegando que la anterior prórroga otorgada por el magistrado «se traspapeló» tras ser notificada el pasado mes de noviembre a la Institución presidida por Maria Salom.
Mediante un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Consell pide tres semanas más de plazo para que su perito pueda realizar el informe, al explicar que la providencia por la que el pasado mes de noviembre el juez concedió dos meses para ello «se traspapeló» una vez en manos de la Administración supramunicipal, de forma que finalmente «no llegó a manos del abogado del Consell para que pudiera informar al perito».
OTRO MES DE PLAZO
Es más, la Administración insular justifica que no fue hasta un mes después cuando su procuradora fue al Juzgado para poder hacer una fotocopia de la providencia e informar así de la prórroga a su perito. Por este motivo, dado el tiempo transcurrido sin la providencia «traspapelada» y debido a la «complejidad del tema», el Consell solicita que se prorrogue de nuevo el plazo, lo que finalmente ha sido acordado por el juez Enrique Morell por un tiempo de un mes.
Cabe recordar que una anterior pericial encargada por el Consell elevaba el desvío que a nivel global se habría producido a más de cinco millones de euros, todo ello a través de la UTE Resenetma -en la que estaba integrada Melchor Mascaró- y FCC Lumsa (pese a que su autor reconoció posteriormente errores en la valoración que había efectuado), mientras que otro informe aportado por una de las defensas cifraba en 203.711 euros la cantidad supuestamente sobrefacturada.
El instructor de esta causa quiere conocer de este modo, a través de las periciales, el valor real de los servicios prestados y esclarecer de este modo si el Consell y las empresas concesionarias incurrieron en supuestos delitos de malversación que junto a otros se indagan en este caso.
Cabe recordar que en el marco de este procedimiento se encuentran imputados, entre otros, la exconsellera insular de Medio Ambiente y exportavoz de UM, Catalina Julve, el ex director general de Residuos del Consell, Guillem Riera, la directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró, María Mascaró; el funcionario e ingeniero técnico encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva, Gabriel Perelló.