Es conocido que en el poblado se vendía droga, por lo que el mismo es razonable
La Fiscalía que interviene en el caso Kabul, cuyo juicio ha arrancado este lunes con 55 acusados en el banquillo por presuntamente introducir en Mallorca e Ibiza ingentes cantidades de cocaína, heroína y cannabis para su distribución a diferentes organizaciones, se ha opuesto a la nulidad del auto inicial solicitada por las defensas al asegurar que no existe falta de control judicial y que las intervenciones telefónicas eran necesarias dada la complejidad y envergadura de la operación.
Durante la primera sesión de la vista oral, el Ministerio Público, representado por los fiscales Adrián Salazar y Julio Cano, ha asegurado que la naturaleza del delito es «muy relevante» para marcar la estrategia policial, ya que se trata de «una operación de gran envergadura» que requería de la intervención telefónica como prueba.
«La proporcionalidad va ligada a la gravedad del delito y a la dificultad de investigarlo», ha manifestado el fiscal, que ha explicado que la intervención telefónica se produjo tras una noticia confidencial, que incluía una información que se confirmó y permitió incautar, el 26 de mayo de 2008, un cargamento de dos kilos de cocaína en el Puerto del muelle de Palma, proveniente de Barcelona.
Además, ha proseguido la Fiscalía, al solicitar la intervención telefónica se aportaron sentencias de los acusados en las que se ponía de manifiesto que habían sido condenadas previamente por delitos similares, «lo que no fundamenta el auto de injerencia, pero se tiene en cuenta», y del mismo modo, alguno de ellos no tenía oficio conocido, pero sí varios coches a su nombre, entre otros indicios.
NO COMPARTE EL PANORAMA CATASTROFISTA
La Fiscalía ha apuntado que no comparte «el panorama catastrofista filtrado por la defensa», puesto que no se pueden valorar datos aislados y ha contradicho la afirmación del letrado de Simón Montero, Josep Zaforteza, quien ha apuntado que en el auto inicial se genera un clima por el que «toda la gente de Son Banya es mala y a modo de ventilador, se saltan sus derechos fundamentales».
En opinión de la Fiscalía, ni los agentes de policía, ni la autoridad judicial es ajena a la realidad social que les rodea y «es conocido que en Son Banya se vendía droga» y además, tenían conocimiento de que algunos de los acusados proseguían con la misma actividad delictiva, por lo que considera que «el auto es razonable» y no existe vulneración del secreto de las comunicaciones.
La sesión se reanudará el próximo 5 de febrero, si no hay cambios, con el interrogatorio de los inculpados.
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