La cantidad que percibe por estas operaciones es de 3.000.000 de euros en el caso de Sony, y alrededor de 2.000.000 de euros por la de Sharp
El informe que el Tribunal Supremo ha remitido al juzgado de Barcelona que instruye el caso de las ITV con las últimas pesquisas de la Udef es demoledor para Oriol Pujol.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha reconstruido el modus operandi del entramado que encabeza el secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para enriquecerse mediante distintos negocios que precisaban de la participación de la Generalitat.
La Udef da por hecho que algunos de los cobros se produjeron desde paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes.
El informe, tal y como revela este martes el diario ‘El Mundo’, identifica a Oriol Pujol como «beneficiario real de una sociedad mercantil» con «capacidad de actuación directa sobre los órganos de gobierno de la Administración Pública de Cataluña».
Para los investigadores, su nombramiento, primero como secretario general CDC y, luego, como secretario general le garantizó «la oportunidad para ejercer la influencia directa en aras de conseguir un resultado favorable hacia sus propios proyectos económicos».
La investigación policial de la conocida en un principio como derivada catalana del ‘caso Campeón’ o trama de las ITV, se reafirma en que el hijo del ex presidente de la Generalitat operaba junto a los empresarios Sergi Alsina Jiménez -propietario de la consultora Alta Partners- y Sergi Pastor Colldeforns -vinculado a diversas empresas del sector industrial- La esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, trabaja como consejera en la empresa de Alsina.
El 26 de marzo de 2012 la Guardia Civil detenía a Pastor y Alsina por el supuesto amaño de la concesión de las ITV en Cataluña.
En aquel momento fueron también arrestados Ricard Puignou, otro empresario vinculado a las ITV, y dos cargos públicos: el subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat catalana, Isidre Masalles, y el número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, al que la juez instructora, Silvia López Mejía, ya atribuye la función de «mediador».
El propio Sergi Alsina, amigo personal del líder convergente desde que coincidieron en la escuela de negocios IESE, llega a asegurar en una de las conversaciones recogidas por la Udef que «desde ahí [es decir, como secretario de CDC] puede tener más influencia que desde el propio Gobierno».
«EL NÚCLEO CENTRAL»
Junto a Alsina, Pastor y Pujol, la Udef identifica a Pedro Vicente Navarrete, responsable de Sony España hasta el pasado abril de 2012, y a su esposa, María Jesús Muro, como «el núcleo central».
Todos ellos, junto al hijo del ex presidente catalán, «son beneficiarios económicos de la sociedad Invalcor, Instituto de Valoración Corporal SL, dedicada a la salud y que aspiran a «que les sirva como lobby».
En Invalcor, «la participación de Oriol Pujol es encubierta, percibiendo los retornos que en su caso se distribuyan», según la Policía.
La Udef considera asimismo que el propio Oriol, además de ser parte de Invalcor, «está al tanto de los proyectos y las inversiones que los empresarios llevan a cabo, participando de forma directa en alguna de ellas».
Invalcor, que Sergi Pastor define como «su rentita», puede «dar un beneficio, antes del impuesto, de lo invertido más el 50 o 40%», tal y como recoge el documento policial.
Además, «los empresarios participantes han aportado un capital que ronda los 400.000 euros» para su constitución.
SHARP
Para la Policía, los implicados realizaban «operaciones inversoras» en ámbitos como «la inspección técnica de vehículos o la eficiencia energética, que precisan de adjudicaciones o autorizaciones» de la Generalitat.
Además de las actuaciones analizadas, que tienen lugar entre finales de 2010 y la primera mitad de 2012, la investigación desgrana «otras operaciones paralelas» que desarrolla «en primera persona» el propio Alsina, como «los procesos de reestructuración empresarial mediante la negociación de la adquisición de las plantas industriales de Sony, Yamaha y Sharp», multinacionales instaladas en Cataluña y que acometieron deslocalizaciones en este periodo.
Según la Policía, «la cantidad que percibe por estas operaciones es de 3.000.000 de euros en el caso de Sony, y alrededor de 2.000.000 de euros por la de Sharp».
A propósito del desempeño de Pujol en estos casos, en las conclusiones de la Udef se afirma que la participación del político se concreta en la «coordinación de las actuaciones»; en la participación «directamente en el proceso de negociación» y en «las dificultades existentes», y en la resolución de los problemas «hablando con los responsables de la Administración Pública implicados -Dirección General de Industria y de Relaciones Laborales-«.
En concreto, Oriol Pujol intervino «sobre la posibilidad de alargar los ERE de Sharp» y «sobre la liquidación de impuestos en la operación (de Sharp)», para lo que habló con el director de la Agencia Tributaria catalana.
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