Tampoco será necesario dar publicidad sobre las retribuciones de los miembros del Govern y los altos cargos
El Govern balear considera necesario modificar determinados preceptos de la Ley 4/2011 de la Buena Administración y del Buen Gobierno de las Islas Baleares, planteado por la Conselleria de Administraciones Públicas. Para ello ha cambiado de un plumazo 20 artículos de los 51 que la componen, entre ellos los relativos a la obligación de informar a los ciudadanos sobre su gestión política.
Así, se somete ahora a información pública el borrador del Anteproyecto de modificación tras haberlo publicado este sábado el Boletín Oficial de las Islas Baleares, BOIB. En el mismo se eliminan algunas obligaciones de carácter formal relacionadas con la participación y la obligación de informar a los ciudadanos ya que, a su entender, «suponen gasto económico».
Se mantiene para ‘compensar’ el detalle la obligatoriedad de difundir las acciones del Govern a través de la página web institucional, aunque se suprime la obligación de tener que publicar memorias anuales. El caso del artículo 6 es otro ejemplo: elimina la obligatoriedad de crear nuevas vías de participación en la tramitación de nuevas leyes, pero mantiene la necesidad de promover y garantizar la participación ciudadana.
Por si fuera poco se modifica la comparecencia ante el Parlament balear de los altos cargos para defender la idoneidad del nombramiento, relegando al olvido la obligación de evaluar todas las intervenciones que superen la cantidad de cinco millones de euros. Todo ello va acompañado de una nueva cláusula por la cual ya no será necesario dar publicidad sobre las retribuciones de los miembros del Govern y los altos cargos.
La justificación a este significativo cambio parte del propio Govern:
«las circunstancias socioeconómicas existentes en el momento de la elaboración de la Ley 4/2011 han experimentado una notable involución, de modo que el aumento de los recursos disponibles para hacer frente a las exigencias del estado del bienestar, del que según la exposición de motivos se disponía, se ha encontrado absolutamente roto y reducido al mínimo necesario para mantener los servicios básicos. A la vez, paradójicamente, aunque la disposición adicional tercera establece que la Ley no puede representar ningún incremento de gasto público, los recursos humanos y los medios materiales necesarios para implantarla ya han mermado, por el proceso normal de adaptación del Administración autonómica a la nueva situación económica, lo que dificulta el desarrollo de las acciones que se preveían».
Los ciudadanos que quieran presentar alegaciones pueden hacerlo a través de la página Baleares Opina. El plazo expira a los quince días.
PROTESTA SOCIALISTA
El PSIB-PSOE no ha tardado en reaccionar. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Costa, ha acusado al PP de limitar y poner trabas a la participación y la transparencia. Costa ha afirmado que «el Gobierno del PP está eliminando transparencia cuando más reclama la sociedad y más desafección hay en la política, especialmente después de los casos de corrupción y del caso Bárcenas con los sobresueldos y sus cuentas en Suiza».
La diputada opina que «cuando al PP no le va bien una ley para hacer lo que quiere, la cambia para hacerla a su medida». A su juicio «es impresentable e indecente que cuando más transparencia reclaman los ciudadanos y más exigentes son con los políticos, el PP hace todo lo contrario y elimina participación y controles».
En este sentido ha denunciado que se elimine la publicidad en las retribuciones a los miembros del Govern y los altos cargos y acusa de quererse llevar en secreto los sueldos.
En lo que se refiere a la Oficina de Evaluación Pública, desde el PSIB-PSOE se denuncia la voluntad de modificarla de arriba abajo ya que la dirección recaerá en un cargo de confianza política y no es un trabajador público.
Además, deja de tener como función el velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los altos cargos. Costa ha denunciado de este modo que esta modificación se quiere hacer justamente en el momento en que el presidente Bauzá está siendo investigado por los tribunales por una posible incompatibilidad de su cargo.
Con este cambio la Oficina también dejará de gestionar el Registro de Intereses y Actividades y el Registro de Patrimonio de los miembros del Gobierno, así como la comprobación de los incrementos del patrimonio de los cargos públicos. «Todo ello, el PP intenta un ejercicio en contra la transparencia, el control y la participación, en el peor momento ya que es cuando más demanda hay de la sociedad para luchar contra la corrupción».
La diputada socialista ha alertado del mal presagio que contiene esta modificación de la Ley del Buen Gobierno cuando se elimina uno de los principios generales de la norma, lo que recoge que los servidores públicos deben perseguir siempre el interés general y mantener la imparcialidad ( arte. 3.1.). «¿Por qué el PP elimina estos principios generales? -se ha preguntado Costa-. Es que quiere dejar de ser imparcial y atender al interés general? «.
Otra de las modificaciones importantes y que introduce oscurantismo en la contratación pública, alertó Pilar Costa, es la eliminación de la obligación de publicar los licitadores, los criterios de adjudicación, puntuación de cada oferta o el adjudicatario, entre otros.
Pilar Costa ha criticado que el Gobierno llevase a escondidas la reforma de esta ley y haya informado a través de un comunicado después de publicarse en el Boletín Oficial:
«cada semana el portavoz Bosch comparece ante la opinión pública sin nada que decir y en cambio esconden las intenciones de modificar una ley pionera que ponía más transparencia en la gestión pública, nuevas formas de participación y mecanismos para combatir la corrupción».