No se establece ningún trato especial por el hecho de que Urdangarin sea duque
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Monserrat, se ha mostrado este viernes «convencido» de que si el juez de instrucción del Caso Nóos, José Castro, tuviera «datos reales» y comprobara que existe «material suficiente» para imputar a la Infanta Cristina, «haría lo que tiene que hacer», aunque ha señalado que desconoce si posee indicios suficientes, «porque es una competencia exclusiva del juez».
«Si se tiene que imputar a Urdangarin como a Perico de los Palotes, se tiene que hacer sin ninguna manía», ha asegurado Monserrat, que ha acudido al IV desayuno ‘Café Legal’, donde ha afirmado que «todo el mundo es igual ante la ley», ya que «el que la hace la paga», por lo que ha afirmado que no existe trato de favor, aunque ha apuntado que se debe «adecuar el tratamiento a las circunstancias del caso».
En ese sentido, el vocal del CGPJ ha señalado que, en el caso de que el duque de Palma fuera condenado a una pena de prisión, la institución penitenciaria adoptaría las medidas para la protección de esa persona, «por ser príncipe, minusválido o lo que sea», de forma que se adecuarían «las medidas correspondientes a las circunstancias concretas de la persona», pero «desde luego, no se establece ningún trato especial por el hecho de ser duque», ha sentenciado.
SI HUBIERA INTERFERENCIAS DEBERIA DENUNCIARSE
Monserrat ha mostrado «un respeto absoluto» por la instrucción del Caso Nóos por parte de José Castro y ha destacado que la función del CGPJ es «proteger la independencia de jueces y tribunales», por lo que ha defendido la libertad del magistrado para decidir «lo que quiera sin interferencias» y ha añadido que, si las tuviera, debe denunciarlo ante la Fiscalía porque es un delito.
En relación a las posibles presiones en torno a esta instrucción, el vocal ha opinado que «es el típico problema de la influencia», ya que al tratarse de un caso muy mediático y de gran trascendencia entre la opinión pública, «el juez está sometido a presiones», en el sentido de que los medios pueden juzgar si ha actuado «bien o mal», lo que a su parecer forma parte de libertad de expresión de una democracia, «y quién no lo quiera asumir que se mude de país», ha declarado.
Monserrat ha mostrado también su preocupación por las filtraciones, que provocan «una sensación de desánimo y de falta de confianza en la Justicia» y generan un juicio paralelo «muy perjudicial en una sociedad democrática», porque altera la tutela judicial efectiva y los derechos fundamentales de las personas a las que se les acusa de algo.
«Son el cáncer de la justicia», ha lamentado el vocal, que ha afirmado que «la situación es malísima y muy difícil de atajar», porque existen muchas personas que pueden tener acceso a las informaciones que se filtran, «más si se ha introducido en un ordenador», por lo que ha estimado que es «prácticamente imposible evitarlas», ya que «al final es un tema de honradez y responsabilidad de cada persona».
Respecto a la figura de la imputación, este miembro del CGPJ ha detallado que «está mal construida técnicamente en España desde que se implantó», ya que «nació de un deseo muy lógico de que si alguien estaba siendo investigado tuviera derecho a saber la causa de la investigación y también a defenderse, pero lo que ha sucedido es que la gente normal entiende que un imputado es un culpable y eso es muy malo».
Monserrat ha destacado que la experiencia muestra que muchos declaran como imputados «y no pasa nada», por lo que ha instado a hacer ver a la ciudadanía que «el hecho de que existan indicios, no implica que se extraigan consecuencias» y ha añadido que le consta que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal modificará esta denominación, de forma que el ‘imputado’ pasará a ser ‘investigado’.
