El presidente del Gobierno hace lo correcto y en el orden adecuado
Artur Mas afirmó rotundo este 8 de febrero de 2013 que «todos los países tienen derecho a decidir su máxima autonomía, su máximo autogobierno y su futuro colectivo».
El presidente de la Generalitat y líder de CiU reaccionaba así tras conocer que la Abogacía del Estado apoya recurrir la declaración de soberanía aprobada por el Parlament en su pleno del pasado 23 de enero.
Según Mas, contra el derecho a decidir «no hay normas ni leyes ni constituciones ni interpretaciones posibles», se trata de «un tema de voluntad de la gente y de derechos, unos derechos que todo el mundo tendría que proteger».
Pues parece que ni sa va a salir con la suya, ni será como a él, un buen sector de CiU, los de ERC e incluso a algunos de ICV o PSC les gustaría.
Desde la convocatoria electoral catalana, el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho múltiples esfuerzos por evitar un enfrentamiento político y jurídico con la Generalitat.
Con una mayoría inestable y menor que la esperada, Artur Mas sacó adelante en el Parlament el 23 de enero de 2013 una declaración soberanista que incluye un proyecto explícito de convocar un referéndum sobre la autodeterminación (o la independencia) dentro de esta legislatura.
Y explica Pascual Tamburri en ‘El Semanal Digital’ que Rajoy y el PP siempre han sabido que ese camino es un engaño:
«Pero han intentado hacer ver con moderación a los nacionalistas catalanes que los verdaderos problemas de toda España hoy tienen mucho más que ver con el paro y la crisis. Mas se ha cerrado en banda, y ha llegado el momento en que Rajoy se ha plantado».
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comunicó tras el Consejo de Ministros de este viernes que el informe pedido por Alberto Ruiz Gallardón a la Abogacía del Estado sobre la declaración de soberanía catalanista da múltiples razones para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma nacionalista.
En breve, el Consejo de Estado enviará al Gobierno otro informe sobre el asunto.
Ambos informes, el que se conoce ahora y previsiblemente el que elabore el Consejo de Estado, parten de un hecho evidente: si el artículo 1 de la Constitución de 1978 reconoce que la soberanía reside en el pueblo español, y sobre ese hecho se construye todo el sistema legal vigente, no hay cabida imaginable para otra soberanía.
No cabe imaginar una soberanía superior (como sería una hipotética soberanía regia, que nadie reclama hoy y menos en estas circunstancias), ni una soberanía inferior (como sería la de una parte del pueblo español, escindida del conjunto de la nación).
«Rajoy lo ha intentado por las buenas y con acercamientos de todo tipo».
«Mas ha rechazado ese intento, y persevera junto a sus aliados republicanos y con el apoyo de no pocos socialistas en la idea de afirmar la soberanía propia y distinta de Cataluña, en el camino de la autodeterminación».
Su meta es crear un Estado soberano sobre una nación catalana independiente, fuera de España. Y eso no puede ser.
Si los actuales gobernantes catalanes no aceptan la evidencia intelectual, Rajoy se planta y sigue a la Abogacía del Estado recurriendo la legislación regional separatista porque es «de naturaleza inconstitucional».