En la primera fase del plan, el CatSalut transformaría las empresas y consorcios en sociedades mercantiles, para después en una segunda fase permitir la entrada del capital privada
La Generalitat de Cataluña planea dejar en manos privadas la gestión de trece grandes instituciones públicas que controlan 18 hospitales públicos.
Así se lo recomienda un estudio fechado en 2011 a una consultora que les aconseja «una entrada de capital privado en dos fases para diluir el impacto político y social» del plan.
La Consejería de salud asegura que este proyecto «sólo se trata de un planteamiento teórico».
El diario El País, quien ha tenido acceso al documento de PricewaterhouseCooper –PWC: ‘Aproximación a un nuevo planteamiento estratégico para las empresas públicas y consorcios de salud de la Generalitat’-, incluye una lista de empresas susceptibles de participar en la privatización, Capio Sanidad, Grupo Ribera Salud, USP, HM Hospitales.
Estas entrarían en al menos trece instituciones sanitarias públicas, principalmente consorcios, que suponen una población de más de dos millones de habitantes y, en su conjunto, gestionan 18 hospitales, 46 centros de atención primaria y casi un centenar de otros dispositivos asistenciales.
Este nuevo informe se complementa con otro, también en manos de la Generalitat, que prevé trocear el Instituto Catalán de Salud (ICS), organismo que que agrupa a otros ocho grandes hospitales y cerca de 300 centros de atención en 20 sociedades herederos de la antigua Seguridad Social, para que pudiera entrar en ellas el capital privado.
El sistema catalán tiene la pecurialidad de diferenciar entre el financiador de los servicios, el CatSalut dependiente del Departamento de Sanidad de la Generalitat, y los denominados proveedores, que son los encargados de dar los servicios, entre los que se encuentra el ICS y los 13 consorcios que podrían ser ahora privatizados.
Entre ambos suponen más del 70% del gasto del CatSalut.
Acabar con la rigidez y reducir la deuda y el déficit
Si se llegase a cumplir esta hoja de ruta que se vislumbra de ambos informes, se podría poner fin a dos de los principales problemas del sistema sanitario catalán, según creen los responsables de la Generalitat.
El primero el gran tamaño y rigidez de la gestión sanitaria del ICS. Con el capital privado se podría trocear e introducir nuevas formas de coordinación.
El segundo problema que ven en la Generalitat es la deuda pública y a la situación laboral del personal sanitario.
Antes, las deudas de consorcios y empresas públicas sanitarias no computaban como de la Generalitat, pero la normativa europea de contabilidad obliga a que lo hagan.
Privatizar estos consorcios, como plantea PWC, aliviría las arcas catalanas.
En el tema de empleados, se ha visto como se equiparaban las condiciones de los funcionarios del ICS y los de los consorcios, como muestra la última rebaja salarial impuesta por el Gobierno.
Para PWC, ambas tendencias «atentan contra los principios fundacionales» del sistema catalán y se impone como objetivo hallar fórmulas que devuelvan a los hospitales tal autonomía que rompa la equiparación laboral y evite a la Generalitat asumir las deudas de los centros sanitarios.
Vender y dar concesiones públicas
Para afrontar estos problemas y dar entrada al capital privado, dadas las particularidades del sistema catalán, es necesario una doble estrategia, explica El País.
Por un lado, hay que vender empresas públicas (el ICS y las empresas que pudieran surgir de su división), y por otro, gestionar de manera privada los hospitales cuya venta no es posible porque, por ejemplo, el titular del edificio es otra institución, como por ejemplo un Ayuntamiento.
Los planes propuestos por PWC se aplicarían a ambos casos, tanto a los consorcios como a las empresas que surjan de la privatización de las empresas del ICS, por lo que los planes de Generalitat podrían confluir en este punto.
En la primera fase del plan, el CatSalut transformaría las empresas y consorcios en sociedades mercantiles, para después en una segunda fase permitir la entrada del capital privada en ellas.
El informe de PWC recomienda que en el caso de hospitales se separe el patrimonio y la gestión, privatizando la gestión mediante concesión administrativa y concierto.
La consultora recomienda concesiones de 10 años salvo que el acuerdo también incluya la ejecución de obras, en cuyo caso podría alargarse hasta los 50 años.
Eso sí, el informe recuerda que este modelo tiene riestos, ya que un concesionario deficitario «puede poner en riesgo la salud de las personas» y que ello podría suponer que la Generalitat interviniera, asumiendo las pérdidas.
