Se contrataron en calidad de directivos, un ex-concejal socialista, al marido de la alcaldesa de Ciudad Real (PP), e incluso a un sobrino de José Bono
El paradigma de la quiebra de España, y un referente en cuanto a los «negocios» entre casta política corruptible y pseudoempresarios corruptores, lo tenemos en la negligente gestión del Aeropuerto de Ciudad Real.
Hay que cambiar la forma de hacer negocios en España.
La citada infraestructura aeroportuaria, actualmente en concurso de acreedores, está a punto de entrar en proceso de liquidación.
Este proyecto nació por mediación de una sociedad que recibió dinero a fondo perdido de los ayuntamientos de Ciudad Real (PP) y Puertollano (PSOE) y cuyos accionistas fueron la Diputación y la Cámara de Ciudad Real. Igualmente, la construcción de los accesos desde la autovía los ejecutó, desde el inicio, la Junta de Castilla La Mancha (PSOE).
Explica Lucio A. Muñoz, socio director de Eurogroup Human Resources, en ‘El Economista‘ que el proyecto se vendió como una oportunidad de desarrollo regional, pero la realidad es que fue concebido como un «pelotazo» en el que se utilizaron herramientas de derecho público para favorecer intereses privados. Gestión politizada y especulativa sin visión empresarial.
Así, los implicados desarrollaron la infraestructura ayudándose de sus propias empresas y se convirtieron, a su vez, en proveedores de todos tipo de servicios de construcción y de consultoría.
Los citados socios no ejecutaron nunca el inviable plan de negocio, puesto que el objetivo principal fue la venta del aeropuerto y por ese motivo la financiación siempre se gestionó a muy corto plazo.
El afán de vender la infraestructura a toda costa llevó a la Junta de Castilla La Mancha a contratar aerolíneas low cost para que volaran desde Ciudad Real para aparentar que el proyecto tenía éxito.
Entre las irregularidades que llevó a cabo la administración regional manchega podemos resaltar la modificación de la LOTAU al objeto de recalificar terrenos rústicos en industriales, lo que beneficiaba a los accionistas con cuantiosas plusvalías.
Hay que destacar que esos terrenos fueron expropiados previamente mediante un justiprecio inferior, según una sentencia del TSJCM, que obliga a la sociedad gestora a indemnizar la diferencia a los propietarios.
Mención a parte merece el nepotismo y el enchufismo en la gestión del capital humano, ya que la filiación política y el amiguismo fueron los dos únicos criterios a seguir respecto a la selección de personal.
Se contrataron en calidad de directivos, por ejemplo, a un ex-concejal socialista, al marido de la alcaldesa de Ciudad Real (PP), e incluso se contrató como empleado a un sobrino de José Bono.
En cuanto a la política retributiva, destacar que se pagaron salarios desproporcionados y millonarios a los directivos, máxime cuando la mayoría de ellos carecía de formación específica, de experiencia en el sector, de dominio de idiomas etc.
Finalmente, no debemos olvidarnos de la extinta CCM, que en parte fue intervenida por el BdE por el agujero que le causó el aeropuerto y que es el mayor de los múltiples acreedores que tiene el mismo.
Y todo por conceder créditos millonarios a los accionistas sin exigirles avales y conformándose únicamente con la pignoración de las acciones del aeropuerto.
Si el aeropuerto entra en proceso de liquidación, ¿se presentarán (indirectamente) a la subasta al mejor postor los culpables de esta estafa?
Los gobernantes miran hacia otro lado
La falta de control del poder político ha corrompido la Administración.
Y la casta ha instaurado en muchos casos una forma corrupta de hacer negocios que requiere del pago de la famosa «mordida» o comisión por parte de los que aspiren a conseguir un contrato.
Esta delictiva forma de hacer negocios (el cohecho, el tráfico de influencias, etc., son ilícitos penales) es propia de repúblicas bananeras y a pesar de ello se ha institucionalizado en determinadas administraciones públicas, lo que ha reducido la libertad económica en nuestro país.
Pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, piensa todo lo contrario porque en su discurso durante el reciente debate sobre el estado de la nación declaró que las instituciones están sanas y que España está limpia.
De hecho, las insuficientes medidas que propuso para combatir la corrupción se limitan a sugerir un pacto anticorrupción y a aumentar las penas para los corruptos, además de aludir a una posible ampliación de la Ley de Transparencia y de la Ley de Financiación de Partidos.
Sin duda, este discurso es puro marketing político y debe tratarse de una broma muy pesada que los españoles no están dispuestos a tolerar, puesto que el epicentro del problema de la corrupción está situado en el funcionamiento de nuestra democracia.
La clave para erradicar la corrupción es acabar con el poder de los partidos políticos y emprender un proceso de despolitización de la Justicia, lo que significaría que muchos integrantes de la casta política acabarían vestidos con un traje a rayas y no precisamente de marca.
El ejemplo del aeropuerto de Ciudad Real es extrapolable a casi todas las comunidades autónomas españolas, pero la Justicia todavía no ha pedido responsabilidades y los partidos políticos se dedican al «y tú más».
Recordemos las palabras recientes de González Pons:
«En España quien la hace la paga».
Le faltó añadir que existe una excepción a esta regla porque los políticos están al margen de la ley.
