"Ni yo, ni ningún familiar mío, estábamos cuando las cosas según el juez se hicieron mal"
Su manifiesta voluntad de cumplir con la demolición del complejo residencial de 68 apartamentos ilegales de Ses Covetes, que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ordenó demoler en su día en el municipio mallorquín de Campos, después de 18 años de litigios, era clara y tajante el pasado año, aunque con matices.
Sebastià Sagreras, alcalde del PP de la citada villa, y según ha podido saber RB hijo de uno de los socios de la promotora que impulsó el complejo en litigio, lo dejó muy claro cuando fue emplazado a hacerlo en el plazo de seis meses. La sentencia no le dejaba otra alternativa y le obligaba a devolver el medio a su entorno natural, es decir, a dejarlo tal y como estaba en el año 1992, mirando a la playa de Es Trenc sin cemento de por medio. Todo quedó sin embargo en agua de borrajas, en mitad de una marea de recursos que no alcanzaron buen puerto.
Tanto es así que el propio juez califica ahora a los mismos, en este fin de travesía judicial, de meras maniobras: «Los pretextos, excusas y disculpas para evitar la ejecución de las sentencias en materia urbanística son tantos como se puedan imaginar; y todas esas excusas se enderezan al único propósito de perpetuar el hecho consumado, para el caso, la urbanización ilegal de Ses Covetes».
A Sagreras, de quienes dicen todos los que le conocen que es una persona de innata y reconocida valía, alguien de su entorno ‘campaner’ o de su círculo más próximo con raíces en Palma, debió de aconsejarle mal. Si no es así, no se comprende su actitud, y menos que a día de hoy deba enfrentarse a sendas multas que suman 1.500 euros por no haber acatado el mandato judicial de marras.
RÉPLICA EN LA RED SOCIAL
Despiste, dejadez o sugerencia, que no se sabe, el caso es que ahora ha tenido que salir a defenderse en la red social Facebook, en un alarde que para algunos obedece a una simple estrategia y, para otros, a un digno ejercicio de sinceridad en sintonía con su reconocido talante.
Sea como fuere, es el hijo de uno de los socios que promovió en tiempos la polémica urbanización, aunque quiera desatar ahora de su gestión todos los posibles lazos de interés.
A su entender, tal y como se recoge en la mentada red social,
«el hecho de que familiares míos directos sean socios de la promotora, no ha hecho más que haya invertido, si cabe, más esfuerzos en que el Ayuntamiento salga lo menos malparado posible. Incluso el Ayuntamiento que yo presido pidió a los tribunales que pagara la demolición la promotora, a lo que nos contestaron que la promotora no es más que una víctima más de la licencia que se dio hace veinte años (ni yo, ni ningún familiar mío estábamos cuando las cosas según el juez se hicieron mal)».
Tras recordar que la papeleta la tenía que haber solucionado el anterior alcalde, el joven responsable del municipio de Campos afirma en su alegato, fechado el pasado 26 de febrero – escasas horas después de serle comunicada la sanción- que sus gestiones, a pesar de la multa, «suponen unos ahorros para el Ayuntamiento de al menos unos 700.000 €, que son la diferencia entre el primer proyecto (unos € 1.150.000), y el actual (unos 450.000 €)».
La diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Marga Prohens, ha salido mientras tanto en su defensa, aunque esta vez no arremetiendo contra este digital, sino dejando costancia en su Twitter de su apoyo incondicional a Sagreras. No en vano ella es oriunda de Campos:
#FF @Tia_Sagreras x ser una persona íntegra,coherent i defensar els interessos d #Campos x damunt d tot!i x estar sempre allà…
