La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Mallorca se encargará de gestionar las obras
La falta de medios técnicos y económicos del Ayuntamiento de Campos obliga ahora a que el Govern balear, así como el Consell de Mallorca, tomen cartas en el asunto.
El primero lo hará en forma de un desembolso del 75% del coste de la demolición de los 68 apartamentos ilegales, y la institución insular le pasará el tema a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Mallorca que está bajo su amparo, a fin de que se encargue de la ejecución de las obras y restitución de los terrenos a su estado original.
Lo hará a través de la contratación con una empresa externa, o en su caso con sus propios medios. El otro 25% lo pagará el Consistorio campaner a tocateja.
Según fuentes populares, el coste total para arreglar este desaguisado tras la sentencia del TSJB alcanzará un máximo de 500.000 euros, aunque en el proyecto de demolición que se presentó en su día ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, se cifraba la operación en el doble de lo apuntado.
RECURSOS MUY CAROS
A este coste hay que sumar los 13.223 euros que ya se han desembolsado en concepto de recursos judiciales por parte del Consistorio de Campos que capitanea el alcalde Sebastià Sagreras.
Las tres administraciones coinciden en estos momentos «en la necesidad de cumplir la normativa urbanística y hacer respetar la disciplina urbanística, especialmente en los lugares más emblemáticos de la geografía insular».
