La sanción se suma a las otras dos que se le impusieron el 26 de febrero por 500 y 1.000 euros
Mientras el PP de Baleares sigue erre que erre, metiéndose con Renovación Balear (RB) por informar sobre las vicisitudes que rodean la orden de derribo de los apartamentos ilegales de Ses Covetes, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) le ha vuelto a endosar al alcalde de Campos, Sebastià Sagreras, otra multa de 1.500 euros.
La misma se suma a las de 500 y 1.000 euros que se le impusieron el pasado 26 de febrero, por incumplir las directrices que rodean la sentencia que ordena la demolición del complejo residencial, y que curiosamente fue impulsado en su día por el padre del citado edil, tal y como informó este digital.
Precisamente esta noticia fue ‘replicada’ en las últimas horas por Rakel Sánchez, responsable de los servicios jurídicos del PP balear que presta sus servicios en la sede del partido ubicada en la calle Palau Reial de Palma.
Esta vez no se ha hecho directamente en la cuenta personal de Twitter del diario, como hizo días atrás la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Marga Prohens, sino que se ha utilizado la cuenta personal del director de este medio, José María Rodríguez Montero.
El nuevo ‘mensaje’ que parte de@RakelSanchezC no roza sin embargo el insulto como el anterior, aunque pone de relieve que la información no ha sido muy bien digerida por los ‘populares’. Reza así: «@JMRMontero …vaya esta noche ha descubierto América? La honradez se demuestra con hechos, de que acusa exactamente con ese titular?»
SE ADOPTARÁN OTRAS MEDIDAS
Sea como fuere, el caso es que la Sala de lo Contencioso Administrativo del máximo órgano judicial de las islas apremia al alcalde a ejecutar la sentencia, no descartando adoptar otras medidas » para que se cumpla el deber y propósito de la Sala, de que las obras se inicien cuanto antes y no se detengan nunca hasta que finalicen».
La multa a cargo del patrimonio personal de Sagreras lleva la ‘coletilla’ de que la actual situación se considera «tan indeseada como inaceptable», al «no haber variado con el paso del tiempo». Se dice, incluso, que ha empeorado, en cuanto a que el alcalde «ha decidido iniciar un nuevo proyecto de demolición sin siquiera consultar previamente al tribunal».
La licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento de Campos a Marina Ernst para construir el polémico conjunto residencial es del todo ilegal, y ya no admite más excusas ni dilaciones. Darle pico y pala al lugar para dejarlo tal y como estaba en el año 1992, mirando a la playa de Es Trenc sin cemento de por medio, es de recibo.
EL GOB CONSIDERA UNA LOCURA QUE PAGUEMOS TODOS
Hay que dejar constancia, por otra parte, de que el miembro de la directiva del GOB, Miquel Àngel March, ha tildado de «auténtica barbaridad» que el Govern balear se deba hacer cargo del 75% del coste de la demolición de Ses Covetes, al considerar «un despropósito» que todos los ciudadanos de Baleares paguen «la actuación ilegal de distintos alcaldes, regidores y técnicos municipales».
En opinión de March, los alcaldes, regidores y técnicos del Ayuntamiento de Campos, «que se han gastado el dinero dedicándose a desestimar todos los recursos presentados por el GOB para evitar la demolición de la urbanización ilegal», deberían abonar los gastos del derribo.
La entidad ecologista ha recordado que «se ha llegado a esta situación» después de que el Ayuntamiento de Campos otorgara en 1992 una licencia para construir los 68 apartamentos sobre la playa de Es Trenc y de que los alcaldes posteriores dedicaran «una elevada cantidad de euros» a defender esa licencia en los Tribunales, lo que generó más de 20 autos y sentencias contra el Consistorio.
«Teniendo en cuenta que ha habido responsables que lo han llevado a cabo, que sean ellos los que se responsabilicen», ha sentenciado este miembro del GOB.
Respecto a la intención de enterrar los escombros de la demolición de los apartamentos de ses Covetes en el mismo lugar, March ha apuntado que aún no ha tenido ocasión de visitar la zona y conocer las condiciones en las que se desarrollaría el proyecto.
No obstante, ha avanzado que, «de entrada», la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contempla que se debe restituir la zona «en su estado original, donde no había montañas de escombros, sino principalmente arena», ha concluido el representante del GOB.
