Afecta a 1.330 sombrillas, 896 hamacas, varios kiosko-bares y "otros artefactos"
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha decretado la suspensión de la convocatoria de adjudicación para explotar las instalaciones de temporada de las playas de Ses Covetes y Es Trenc, impulsada sin su consentimiento por el Ayuntamiento de Campos, hasta que finalicen «por completo» las obras de demolición del complejo residencial levantado de forma irregular en la zona de Ses Covetes, o «al menos, hasta que se vislumbre con toda claridad esa finalización».
Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la instancia judicial mediante un nuevo auto, en el que asevera cómo al incumplimiento de la sentencia que ordenaba el derribo de la urbanización ilegal se suma la decisión del Consistorio mallorquín de convocar, «sin previamente comunicarlo al tribunal», un concurso público para la explotación de las instalaciones de temporada del dominio público adyacente.
Unas instalaciones que, precisa la resolución judicial, son propias del esparcimiento y se concretan en 1.330 sombrillas, 896 hamacas, varios kiosko-bares y «otros artefactos», motivo por el que la licitación, si bien no contraviene la orden de derribo, «no combina adecuadamente con una ejecución cuyo cumplimiento se demora y que requiere obras de demolición y reposición que, desde que se inicien, no deben ser detenidas nunca antes de que finalicen».
NO SE PUEDE HACER HASTA EL DERRIBO
Por consiguiente, el tribunal, presidido por el magistrado Gabriel Fiol, estima preciso que el curso de adjudicación de las instalaciones de temporada «no culmine sino cuando haya finalizado por completo la ejecución de las obras de demolición», unos trabajos que, incide, deben llevarse a cabo «sin solución de continuidad, extremo que ahora mismo ha quedado comprometido por la licitación».
A todo ello, la Sala añade el «incumplimiento disimulado» por parte de la Corporación local al presentar un proyecto en plazo «pero no los compromisos de ejecución que debían acompañarlo».
Mientras que, prosigue, a continuación y «de espaldas al tribunal, en lugar de solventar el problema de la adquisición de compromisos efectivos para la ejecución del proyecto presentado, se aborda por el Ayuntamiento la elaboración de un proyecto distinto, curiosamente procedente de la misma Dirección del Govern de la que procedía el proyecto presentado en plazo, desbaratándose con todo ello el orden lógico de la ejecución y comprometiendo seriamente el cumplimiento de todos los demás plazos fijados» para la demolición.
MULTAS QUE SUMAN 3.000 EUROS CONTRA EL ALCALDE
La resolución ha sido dictada días después de que el mismo tribunal haya impuesto tres multas coercitivas que suman un total de 3.000 euros al alcalde de Campos, Sebastià Sagreras, por un comportamiento que «se resume en no hacer nada y callárselo», en relación con la demora en la ejecución de la sentencia, y con el objetivo de «excitar el celo» del primer edil en aras de cumplir la resolución que ordenaba la demolición del complejo.
La Sala del máximo órgano judicial de las islas insiste en esta vía con el fin de que la ejecución de la sentencia «recupere el pulso» y se restituya, por tanto, la situación de los terrenos a como se encontraban antes de 1992, al inicio de las obras de construcción.
