El Tribunal Superior de Andalucía abre diligencias contra el dirigente jornalero y 53 trabajadores por usurpación

El juez imputa al sindicalista Sánchez Gordillo por la ocupación de una finca

Los denunciados junto al parlamentario de IU fueron desalojados de la finca, dependiente del Ministerio de Defensa, con 1.200 hectáreas

En Andalucía hay 1,25 millones de parados, tres millones de pobres y más de 200.000 familias con todos sus miembros desempleados y sin cobrar ningún tipo de percepción

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha abierto diligencias penales contra el parlamentario andaluz de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo por ocupar la finca militar Las Turquillas en el verano de 2012.

Fuentes judiciales han informado de que Sánchez Gordillo ha sido imputado de un delito de usurpación y ha sido citado el 4 de abril de 2013 ante el juez Jerónimo Garvín. Junto a él han sido imputados otros 53 jornaleros que entre julio y agosto de 2012 ocuparon esa finca de Osuna (Sevilla).

Los denunciados junto al parlamentario de IU fueron desalojados de la finca, dependiente del Ministerio de Defensa, con 1.200 hectáreas.

La ocupación se produjo después de que el parlamentario de IU por Sevilla, llevara a centenares de jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a asaltar dos supermercados de Écija (Sevilla) y Arcos de la Frontera (Cádiz) porque, según afirmó entonces:

 «Alguien tiene que hacer algo para que haya familias que puedan comer todos los días».

Con el mismo objetivo reclamó la cesión de las tierra. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó entonces la detención de los autores del asalto a los supermercados.

Gordillo replicó:

«Aquí estoy. No voy a huir».

Sánchez Gordillo acusó el ministro del Interior de actuar «como en el franquismo, deteniendo al cabecilla».

«Esto es fascismo de tomo y lomo. Si hay un delito ya se verá».

El presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, calificó de «barbaridad» la acción de este miembro de IU, partido con el que gobierna el PSOE.

«Más deleznable» que el robo es el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE sobre la reforma de la Constitución, replicó el diputado.

El también alcalde de Marinaleda (Sevilla) y dirigente del SAT, insistió en que se trataba de una medida «necesaria»:

«Para dar un toque de atención a lo que realmente está pasando en Andalucía, donde el 35% de las familias de las grandes ciudades está por debajo del umbral de la pobreza, hay un 1,25 millones de parados, tres millones de pobres y más de 200.000 familias con todos sus miembros desempleados y sin cobrar ningún tipo de percepción».

 

Te puede interesar

Recibe nuestras noticias en tu correo

Lo más leído