Se cita además a una treintena de testigos y vuelve a emplazar a declarar en calidad de imputado al presunto testaferro del Duque de Palma
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha citado en calidad de testigos para el próximo 18 de marzo en Madrid al vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, y al asesor jurídico externo de la Casa Real y conde de Fontao, José Manuel Romero. En concreto, el dirigente ‘popular’ ha sido citado a las 18.00 horas, mientras que una hora después está prevista la comparecencia de Romero.
Así lo ha acordado el magistrado mediante un auto que acaba de ser notificado a las partes y mediante el cual ha fijado para los días 18, 19, 20 y 21 la declaración de un total de 35 testigos en Madrid y Barcelona. Mientras tanto, ha vuelto a emplazar a declarar como imputado al presunto testaferro del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, Mario Sorribas, por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación en relación a la preparación de la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2016.
SE DESPLAZARÁ A MADRID
En concreto, Castro se desplazará los dias 18 y 19 a Madrid mientras que el 20 y 21 viajará a Barcelona para interrogar al resto de testigos y a Sorribas. Fue este jueves cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para solicitar las anteriores comparecencias.
En el caso de González Pons, el magistrado le ofrece la posibilidad en su resolución de acogerse al artículo 412.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que permite a los diputados, así como a otros numerosos altos cargos y autoridades, quedar exentos de acudir a las dependencias judiciales -no de declarar-, pudiendo ser interrogados en su despacho oficial.
Junto a González Pons y el Conde de Fontao, el día 18 también han sido citados, desde las 10.00 horas, otros de los supuestos hombres de paja del Duque, José María Teviño y Robert Cockx; el encargado de las relaciones entre la empresa Madrid 16 y la considerada fundación sucesora del Instituto Nóos, Oscar de Lama; el director general de la sociedad madrileña Antonio Fernández; también en representación de esta empresa Beatriz Valencia.
Ya el día 19, a partir de las 10.30 horas serán interrogados los representantes legales de distintas empresas de las que Urdangarin fue asesor -Lagardère, Havas, Pernod, Altadis y Seelinger y Conde-; Olga Cuquerella, presunta empleada ‘fantasma’ de Aizoon y hermana de la secretaria personal del Duque; el empresario Domingo Díaz de Mera; el exdirector del equipo ciclista Illes Balears José Miguel Echavarri; Miguel Angel Fontán, director comercial de Sofres; el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig; y el responsable del Consorcio Valencia 2007, Jaume Mata.
Ya el día 20, en Barcelona, están citados varios exempleados de Aizoon, mercantil cuya titularidad Urdangarin comparte al 50 por ciento con la Infanta Cristina, así como el propio Sorribas, mientras que el 21 comparecerán, entre otros testigos, representantes de las empresas Mixta África y Aceros Bergara.
En el caso de Romero, el magistrado justifica su citación en las declaraciones de Urdangarin, su exsocio Diego Torres y del empresario Raimon Bergós, de las que se derivaría que realizó
trabajos de «mediación y asesoramiento» -según la resolución- al Duque en relación a su posición en Nóos y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), impulsada presuntamente por ambos exsocios meses después de que, en 2006, el Rey Don Juan Carlos ordenase a Urdangarin abandonar sus negocios.
Mientras tanto, de acuerdo a la numerosa documentación aportada por Torres a la causa, el asesor externo de la Casa Real habría recomendado al marido de la Infanta Cristina guardar las apariencias si seguía con los negocios tras abandonar el Instituto Nóos.
ROMERO DEFIENDE QUE SE LIMITÓ A «ACONSEJAR» AL DUQUE
No obstante, el abogado negó, en un comunicado remitido a Europa Press, haber prestado «asesoramiento jurídico» en los trámites de constitución de la FDCIS más allá de haber aconsejado a Urdangarin que si quería estar vinculado a ella se limitara a ser miembro de su consejo asesor, nunca de su órgano de gobierno.
Romero sostenía así que su intervención en relación a los negocios del Duque se limitó básicamente a aconsejarle que hiciera una separación «entre las actividades mercantiles y las relativas al fomento social del deporte», disolviera la Fundación Areté que creó con Torres en 2006 al ser una «reproducción» del esquema de Nóos y se limitara a figurar como miembro del consejo asesor en la FDCIS.
En el caso de González Pons, el dirigente ‘popular’ ya fue citado a declarar por el juez en mayo del pasado año, si bien finalmente su comparecencia fue suspendida y quedó pendiente de nueva fecha. En concreto, los investigadores quieren interrogarle en torno al convenio rubricado el 23 de diciembre de 2005 con el Instituto Nóos, en virtud del cual esta entidad se comprometía a colaborar en la preparación de la candidatura de la Comunidad Autónoma como sede de la I edición de unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse.
NÓOS PERCIBIÓ 382.000 EUROS POR UNOS INEXISTENTES JUEGOS EUROPEOS
En concreto, en el convenio, al que tuvo acceso Europa Press, aparecen plasmadas las firmas de González Pons en calidad de consejero delegado de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, del exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y de Torres. El acuerdo contemplaba el pago de seis millones de euros en favor de la entidad presidida entonces por Urdangarin, si bien finalmente acabó percibiendo, a través de la Presidencia de la Generalitat, 382.203 euros.
Sin embargo, nada de lo que contemplaba el documento se llevó finalmente a cabo -contratación de asesores conocedores de la problemática olímpica de 45 países, confección del dossier de la candidatura, favorecer la presencia del proyecto en foros internacionales-.
Recientemente, el juez instructor del caso Nóos admitió la personación de la Generalitat Valenciana en calidad de actora civil, de forma que, si bien no ejercerá acciones penales contra los imputados de la causa, sí podrá reclamar las cantidades que supuestamente fueron malversadas por el Instituto Nóos en virtud del convenio rubricado.
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