El arresto se produjo durante el pasado mes de diciembre, aunque se ha sabido ahora
La Guardia Civil detuvo en diciembre de 2012 a un teniente y un capitán de la Base Aérea de Son Sant Joan, al tiempo que ha imputado a otros diez militares destinados en Mallorca (seis tenientes y cuatro sargentos) por estafar al Ministerio de Defensa con facturas falsas de mudanzas, según el atestado policial remitido al juez, al que ha tenido acceso Europa Press.
Concretamente, el teniente arrestado el 11 de diciembre en Palma, que tras ser interrogado ese mismo día fue puesto en libertad con cargos, está acusado de liderar una trama de estafa, dado que se encargaba de gestionar la entrega de documentos manipulados para cobrar las indemnizaciones por cambio de residencia.
En este sentido, gestionaba la presentación de los documentos falsos y se quedaba con parte del dinero de las indemnizaciones que cobraban los militares por cambios de residencia por mudanzas que nunca se contrataban.
Así, el presunto cabecilla ideó el fraude e invitó desde 2008 a otros compañeros, que han acabado imputados como él en la causa que instruye un juzgado militar, de forma que se han encontrado indicios contra un comandante, ocho capitanes, 17 tenientes, cinco sargentos y un ahora exteniente, a los que se atribuyen presuntos delitos contra la hacienda militar y de deslealtad, penados con hasta diez y seis años de prisión, respectivamente, según el Código Penal Militar. También hay un civil, hermano del cabecilla, implicado.
DELITOS DE DESLEALTAD Y CONTRA LA HACIENDA
De esta manera, al teniente detenido en Son Sant Joan se le acusa de un delito de deslealtad, un delito contra la hacienda en el ámbito militar, un delito continuado de deslealtad y un delito continuado contra la hacienda en el ámbito militar.
Cabe destacar que el teniente es el único de los imputados del que constan antecedentes. Así, fue detenido por la Guardia Civil en julio de 2009 en Las Rozas (Madrid) por los supuestos delitos de detención ilegal y amenazas con arma de fuego y por la Policía Nacional en enero de 2010 en Sevilla por un supuesto delito de malos tratos.
Además, tiene una infracción al reglamento de circulación por alcoholemia el 29 de diciembre de 2012 en Mallorca.
Por su parte, el capitán implicado fue detenido el 17 de diciembre en Madrid, si bien tras tomarle declaración, se le puso en libertad ese mismo día. Se le acusa de dos delitos contra la hacienda en el ámbito familiar y dos delitos de deslealtad, porque compró y presentó en dos ocasiones documentos falseados por mudanzas que no pagó.
Mientras, el resto de imputados lo están por haber recurrido a los servicios del teniente en una ocasión, de forma que los 12 militares de la Base Aérea de Son Sant Joan están imputados por Juzgado Togado Militar Territorial número 11 y de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, que se acaba de inhibir en favor de los Juzgados Togados Militares, porque hay implicado un comandante que como tal es aforado.
Precisamente, este comandante estuvo destinado en Son Sant Joan, aunque ahora está en el Estado Mayor de la Defensa.
Según el atestado policial, el fraude se servía de las indemnizaciones que paga el Ministerio por cambios de residencia forzosos, en los que abona mudanzas y dietas.
El principal acusado presuntamente ideó una trama en la que cumplía todos los trámites sin contratar a ninguna empresa: presentaba presupuestos falsos de tres empresas y después adjuntaba una factura falsa por las mudanzas, que nunca se hacían. Sin hacer ningún pago, el militar que se trasladaba cobraba la indemnización, de la que el cabecilla se embolsaba en torno al 25%.
Los primeros indicios surgieron de «forma casual», cuando un encargado de revisar los documentos aportados para solicitar las indemnizaciones detectó un error en una factura, por el que convocó a una de las empresas de mudanzas perjudicadas pensando que se trataba de un simple fallo tipográfico.
Los responsables de esta empresa descubrieron así que se había estado suplantado su identidad en varias facturas por mudanzas para las que se habían pedido presupuestos, pero que nunca se habían realizado. Esta empresa presentó una denuncia en julio de 2012, representada por la abogada María Luz Jiménez Sánchez, que inició una investigación. También envió una carta al Ministerio para informarle de la «utilización fraudulenta de sus facturas y presupuestos» desde el año 2008.
OFRECIÓ «VACACIONES» EN RESIDENCIAS MILITARES
Antes de que se presentara la denuncia, y al conocer que el supuesto fraude había sido destapado, el presunto cabecilla contactó con los propietarios de esta empresa y se citó con ellos en un centro comercial de Madrid. Allí, según ha explicado a Europa Press la abogada, les pidió que no iniciaran «ningún tipo de acción penal» y les «chantajeó», ofreciéndole dinero y «unas vacaciones pagadas en Gran Canaria por un mes en residenciales exclusivos para militares».
En su declaración ante la Guardia Civil, la denunciante explicó que incluso se les ofreció implicarse en la trama, realizando facturas sin hacer las mudanzas, por lo que podían tener «un beneficio de alrededor de 50.000 euros al año».
Los propietarios de la empresa rechazaron la propuesta y presentaron una denuncia ante un juzgado civil, que remitió la investigación al Juzgado Togado Militar número 11 de Madrid, que ha imputado a 31 militares.
Tras la denuncia, al comprobar la ilicitud de las facturas, agentes de la Guardia Civil registraron el domicilio y el lugar de trabajo del principal imputado, en la base aérea de Son San Joan, donde fue detenido.
Según consta en el atestado, encontraron «diferentes indicios incriminatorios de la confección de facturas y presupuestos falseados, así como quiénes son sus autores materiales y quiénes las utilizaban de manera fraudulenta». También aparecieron correos electrónicos que implicaban directamente a un capitán en la elaboración de facturas falsas.
Días después, se registró el domicilio y lugar de trabajo de este capitán, en la base aérea de Zaragoza, a quien se tomó declaración en calidad de detenido antes de su puesta en libertad.
En los documentos encontrados, se constata que ambos eran presuntamente los encargados de elaborar todos los documentos falsos por los que se acreditaban unas mudanzas que nunca se llevaron a cabo y de la que se beneficiaron al menos una treintena de oficiales.
Estos «ilícitos clientes» pagaban por estas gestiones a los creadores de la farsa un porcentaje de «alrededor del 25% del valor de lo presupuestado», según el atestado.
Además de la empresa denunciante representada por María Luz Jiménez Sánchez, la trama realizó facturas falsas de otras cuatro empresas reales.
En total, la Benemérita considera acreditado que el dinero obtenido «de las arcas del Ministerio de Defensa de forma engañosa y fraudulenta» por parte de estos militares asciende a 92.234 euros, aunque no descarta que puedan aparecer «más defraudadores».
NEGOCIOS CON UNA AVIONETA EN MARRUECOS
Además, ante la Guardia Civil, el capitán que realizaba las facturas con el teniente admitió haber recibido un correo electrónico en el que el teniente le felicitaba por ser «un gato operativo» y añadía: «A ver si cuando empecemos a subir el estrecho con golosinas somos tan operativos jeje».
El capitán explicó que el teniente le comentó que «pensaba hacer negocios con una avioneta civil» porque «quería traer cosas de Marruecos» que no le comentó «exactamente» qué era, aunque podía referirse a «drogas» cuando hablaba de «golosinas».
En un comunicado hecho público la semana pasada, el Ejército del Aire informó de que se ha solicitado la suspensión de funciones para los militares imputados, mientras se resuelven los expedientes.
