El Consistorio se las ve y se las desea hasta ahora con meras actuaciones administrativas y penales
El PP de la localidad mallorquina de Calvià presentará una moción en el próximo Pleno ordinario del 27 de marzo, en la que insta al Gobierno central a que elabore una normativa con rango de ley que prohíba el ejercicio de la prostitución en la vía pública. Se pide además que se incrementen los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta localidad, especialmente en temporada alta, con el fin de controlar de manera más efectiva las infracciones a la Ley de Extranjería.
En un comunicadao, el PP ha informado de que el procedimiento del Ayuntamiento de Calvià combina actuaciones administrativas y penales, es decir, «se inicia con denuncias administrativas por realizar una actividad prohibida».
SE FORMULAN DENUNCIAS
Tras varias denuncias, mediante Decreto de Alcaldía, se notifica a los infractores que están realizando una actuación no autorizada, ordenándoles el cese de la misma e informándoles de las consecuencias penales que pueden derivar en caso de incumplir la orden, ya que, si no se acata lo dispuesto en el Decreto, podrían incurrir en responsabilidad penal de «desobediencia grave a la autoridad».
Finalmente, al reincidir en los incumplimientos del Decreto, se remite un atestado al Juzgado y, durante la celebración del juicio, el Ayuntamiento se persona como acusación particular a través de un abogado contratado expresamente para estos casos, lo que ha posibilitado que, hasta la fecha, se hayan contabilizado decenas de sentencias condenatorias, tanto por falta como por delito, ratificadas, algunas de ellas, incluso por la Audiencia Provincial.
Mediante el citado sistema, según ha indicado el PP, hasta el año 2008, la problemática de la prostitución en las vías públicas «se había podido controlar y casi erradicar, si bien, debido a una sentencia de la Audiencia Provincial, publicada durante ese ejercicio, en la que se consideraba desproporcionado recurrir a la vía penal con motivo de infracciones administrativas, se ha producido un inesperado cambio a favor de los infractores, quienes, a través de sus abogados, han conocido que judicialmente es muy posible que no les condenen».
INCREMENTO DE LA PROSTITUCIÓN
Así, el PP ha criticado que esta situación ha provocado un «notable incremento» de la prostitución en Calvià, de forma que ha apuntado que pese al cambio judicial producido, el Ayuntamiento continúa desarrollando el mismo procedimiento, adaptándolo a los requerimientos que se citan en la sentencia de la Audiencia Provincial, lo que implica una «mayor lentitud» en su aplicación, ya que «se agota la vía administrativa antes de emprender las acciones judiciales».
Además, ha destacado que la práctica totalidad de las personas que ejercen la prostitución en el término de Calvià «no son residentes, están indocumentadas y, en la mayoría de los casos, son inmigrantes ilegales, que infringen la normativa sobre extranjería, cuya competencia corresponde al Gobierno de España».
«El Ayuntamiento de Calvià continúa en su esfuerzo por controlar la prostitución en las vías públicas de nuestro término y seguirá instando a los jueces para que tomen en consideración los atestados y dicten las condenas que correspondan, debido a que se trata de una actividad que provoca un deterioro de la imagen de Calvià de cara al turismo y una evidente inseguridad para la ciudadanía en general», ha concluido.
