"A lo largo de 19 años de conflicto jurídico el Consistorio se ha caracterizado por gastar dinero para defender los 68 apartamentos sobre la playa de Es Trenc"
El GOB denuncia que el Ayuntamiento de Campos ha dedicado más tiempo y recursos a impugnar la demolición que a hacerla efectiva. Critica así su actitud, al no haber cumplido siquiera el primer plazo del auto de noviembre de 2012, circunstancia que le ha acarreado al alcalde Sagreras sendas multas de 1.500 euros.
Y es que el pasado jueves día 14 de marzo caducaba el plazo máximo para iniciar las obras de demolición de los 68 apartamentos de Ses Covetes. La realidad es que las obras aún no han comenzado.
El Ayuntamiento de Campos, según la organización ecologista, no sólo ha incumplido el segundo plazo de la resolución judicial de fecha 13 de noviembre de 2012, «sino que ni siquiera ha cumplimentado el primer plazo».
Se apunta que el 15 de enero el Consistorio debía presentado el proyecto de demolición y restauración, así como el contrato con una empresa para llevar a cabo esta demolición. El contrato ni se ha presentado.
SE HA IMPUGNADO TODO
Se recuerda que el ayuntamiento ha impugnado todas las resoluciones del TSJIB:
«Con este panorama de incumplimiento de plazos, el Consistorio ha dedicado a impugnar ya presentar todo tipo de recursos, contra toda cuanta resolución ha dictado el TSJIB de noviembre acá. Cabe recordar que el 13 de noviembre el tribunal ordenó la demolición y fijó unos plazos para ejecutarla».
El GOB recalca que «el Consistorio ha dado prioridad de tiempo y de recursos económicos y humanos a impugnar la demolición que tiempo, recursos económicos y humanos a hacerla efectiva».
En todo caso, se apunta que «esto no es ninguna novedad; a lo largo de 19 años de conflicto jurídico el Consistorio ha caracterizado por gastar dinero para defender los 68 apartamentos sobre la playa de Es Trenc».
DINERO PÚBLICO PARA ACTUACIONES ILEGALES
Los ecologistas denuncian asimismo que «el Govern rescata bancos con dinero público, y también ‘rescata’ promotores y concejales corruptos. El Ayuntamiento de Campos ya ha gastado más de 700.000 € defendiendo a los promotores de Ses Covetes y ahora el Govern quiere pagar con el dinero de todos el 75% de la demolición, que debe costar 450.000 €. En total, más de 1’1 millones de € públicos. Vergonzoso».
Desde el punto de vista del GOB esta decisión supone un auténtico despropósito, ya que al final con el dinero de todos los ciudadanos se pagará la actuación ilegal de distintos técnicos municipales y sobre todo de distintos alcaldes y concejales del Ayuntamiento de Campos .
Tampoco es lógico a su juicio que sean todos los campaneros que paguen estas obras de derribo. Deberían ser los alcaldes y concejales que dieron la licencia, que rechazaron los recursos y que impugnaron diversos resoluciones en los tribunales los que hicieran frente a estos gastos.
«Una vez más, la actuación de políticos y técnicos de un municipio termina perjudicando a la sociedad en general, haciéndose cargo el Gobierno de los gastos que aquellas actuaciones están generando».