El descontrol en la Consejería de Empleo de Andalucía exige una explicación solvente
«Si yo te premio, tú me devuelves el favor». Esa sencilla ecuación era una máxima para el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero.
El político lideró el desvío de dinero procedente del fondo de los ERE junto a tres artífices en la cúspide de la trama.
Y su tajada fue considerable gracias sobre todo a la consultora Vitalia, del grupo Eurobank, que tramitó la mayoría de los ERE fraudulentos, después de que Guerrero así lo ordenara.
El cerebro de la trama cobró 249.000 euros gracias a 94 transferencias por importe de 161.600 euros y otras 76 operaciones por importe de 87.400 euros a otra cuenta de su esposa. Siempre en cantidades inferiores a 3.000 euros para no levantar sospechas.
Esos ingresos bancarios son la prueba más evidente recabada por la investigación, bajo secreto de sumario, de cómo Guerrero entendía las relaciones sociales y políticas desde su dirección general de la Junta, que gestionó como un chiringuito personal sin orden ni concierto, pero con altos beneficios.
El dinero público destinado a los parados y a las empresas en crisis debe ser utilizado exactamente en esas finalidades.
Como subraya ‘El País’ en su editorial este 22 de marzo de 2013arece una obviedad, pero la investigación judicial sobre el caso de los ERE en Andalucía deja cada vez más claro el desahogo con que se usaron fondos públicos en la Consejería de Empleo a lo largo de 10 años.
Estos hechos amenazan la credibilidad política en Andalucía del PSOE, que lleva 30 años en el poder autonómico.
En el caso de los ERE se investiga a intrusos (personas que cobraron prejubilaciones por empresas en las que nunca trabajaron), si bien el grueso de los fondos desviados lo fueron a intermediarios y comisionistas, que tuvieron la oportunidad de hacer negocio a base de interponerse entre el Gobierno andaluz y los destinatarios de los fondos para parados y prejubilados.
Las minutas de los «gastos externos» se pagaban porque la Junta los consideraba imprescindibles, aunque ahora los ha eliminado o reducido.
La Guardia Civil estima en 50 millones de euros el monto del dinero desviado, pero es probable que la cantidad aumente a medida que avancen las pesquisas.
Es deseable que el empujón a la investigación judicial sea decisivo para aclarar las responsabilidades penales, porque las indagaciones llevan abiertas dos años y medio.
La reincorporación de la juez Mercedes Alaya a su despacho, tras seis meses de baja, ha dado la señal de la reactivación de la causa, que acumula 82 imputados.
Entre ellos el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, presunto beneficiario de comisiones por las ayudas que él mismo daba, que abandonó la cárcel hace cinco meses tras pagar una fianza y ha regresado a ella con una orden de prisión incondicional.
Antonio Fernández, consejero de Empleo de 2004 a 2010, se encuentra en libertad bajo fianza mientras su antecesor, José Antonio Viera, actual diputado del Congreso, no está afectado aún por la causa.
La magistrada tiene abierta otra vía para averiguar la razón de que el Gobierno autónomo hiciera oídos sordos a las advertencias de la Intervención, que alertaba del irregular proceso administrativo, opaco y discrecional, empleado para repartir el dinero.
Los autos de la juez aluden al titular de Economía y Hacienda cuando la Intervención elaboró los informes, que era José Antonio Griñán, aunque no le menciona por su nombre.
La mayor parte de la gestión cuestionada proviene de la etapa en que Manuel Chaves presidía la Junta.
El Gobierno andaluz está personado en la causa y asegura que trabaja para recuperar el dinero sustraído indebidamente del erario.
En todo caso, resulta irritante que a estas alturas no se haya dado una explicación completa y solvente que permita saber por qué el descontrol permaneció instalado una década en la Consejería de Empleo, en la que se esquilmó el dinero público, sin que ningún responsable político tomara decisiones a tiempo para atajar la carcoma.
