Ha remarcado que no piensa "escurrir el bulto"
El conseller de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, ha subrayado que las contrataciones que se llevaron a cabo bajo su mandato en el Ayuntamiento de Calvià «siempre se adecuaron a la Ley», con el control de los funcionarios competentes del Ayuntamiento de esta localidad mallorquina.
En una rueda de prensa, Delgado ha tachado de «maliciosamente tergiversada» la querella interpuesta por el PSOE de Calvià en relación a Radio Calvià contra él, su directora de comunicación, Maria José Merino; el actual alcalde del citado municipio, Manuel Onieva; su directora de comunicación, y anteriormente adjudicataria de la gestión de la radio, Antonia Pastrana y el último adjudicatario de la gestión de la emisora municipal, Fernando López.
Así, ha remarcado que no piensa «escurrir el bulto» ante la querella de los socialistas, porque, según ha indicado, no suele actuar así, al tiempo que ha insistido en negar cualquier tipo de irregularidad en las contrataciones de Radio Calvià, debido a que «todo está amparado por la Ley de contratos de la Administración Pública».
Cabe recordar que el PSOE de Calvià ha manifestado que era su «obligación y responsabilidad» presentar la querella en la que se denuncia supuestas irregularidades en la contratación de la gestión y explotación de la radio municipal, dado que, a su juicio, se debe denunciar ante las autoridades competentes «cualquier actuación que pueda implicar conductas que vayan en contra del bien común y público de todos».
SENTENCIA PREVIA
Además, en octubre, el Juzgado de Instrucción número 2 falló una sentencia por una demanda presentada por los socialistas de Calvià en el tribunal contencioso administrativo en la que declaraba que se había adjudicado de forma directa a Antonia Pastrana los trabajos de producción y realización de la programación de la emisora municipal y la explotación de la publicidad de la radio de un modo absolutamente carente de motivación y al margen de la legalidad, tanto en lo que se refiere al procedimiento realmente seguido para la adjudicación, como en la fijación del precio.
A partir de ese momento, el portavoz municipal de los socialistas de Calvià anunció que encargaba a sus servicios jurídicos el análisis pormenorizado de 13 expedientes más de similares características que se realizaron entre 2005 y noviembre de 2011, con un valor total de 1,3 millones de euros, «por si fueran constitutivos de los delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos».
El órgano judicial, que ha admitido a trámite la querella, ha procedido a iniciar una investigación, incoando diligencias previas.
