El Ayuntamiento de Campos ya ha adelantado el dinero transfiriendo 425.000 euros
El Consell vuelve a dar la nota, aunque esta vez su actitud ha levantado poco menos que en armas a los constructores de Baleares, que de un plumazo se han quedado sin la posibilidad de poder participar en el derribo de los apartamentos ilegales de Ses Covetes, y más en estos momentos de grave crisis en el sector.
El conseller insular de Urbanismo y Territorio, Mauricio Rovira, parece que lo tiene claro y que le traen al pairo los problemas ajenos, toda vez que ha encargado a la empresa pública Tragsa las obras de demolición.
«NO SE HA DADO A DEDO»
Afirma que se trata de «un medio propio», y que no ha dado nada a dedo, agregando que no está para arriesgarse a no cumplir con el plazo de ejecución que finaliza el 15 de mayo. Por ello no saca a concurso público nada, aunque añade que no está seguro de que con esta empresa pública el compromiso se vaya a cumplir en la fecha señalada: «Si no lo conseguimos nos quedaremos cerca».
Tras avalar el pasado martes el TSJIB el proyecto que contempla dejar enterrados en la zona todos los escombros, y permitir de paso que sea la institución insular la encargada del mismo, Rovira cree que en menos de dos semanas estará todo en marcha.
Ha recordado además que el Consell participa en el plan «porque el Ayuntamiento de Campos le pidió ayuda y porque el TSJIB lo aceptó con la intención de ejecutar la demolición dentro de los seis meses de plazo que dio la sala de lo contencioso administrativo en una sentencia de noviembre de 2012».
BALONES FUERA
El conseller insular ha recordado que el Ayuntamiento de Campos responsabilidad del alcalde Sagreras responsable último, «no tiene acceso a Tragsa, que está al servicio de las administraciones del Estado, de las comunidades autónomas, los consells insulares y las diputaciones provinciales».
«Sirve entre otras cosas para hacer este tipo de trabajos, es como se fuera una brigada de la Administración», ha detallado Rovira, que ha dicho que entiende el malestar que pueda existir entre el sector de la construcción mallorquín porque la demolición no se haya sacado a licitación.
El consistorio campaner ya ha movido ficha y ha adelantado el dinero transfiriendo los 425.000 euros que costará el derribo.
