Las defensas tienen en bandeja un argumento clave para presentar una nulidad que afecte a la instrucción por prevaricación judicial
Viernes, 16.00 de la tarde: la juez Mercedes Alaya llega a los juzgados sevillanos. Sábado 23 de marzo de 2013, 13.00: la magistrada sigue redactando autos de prisión 20 horas después.
La instructora se encuentra esta mañana culminando su decisión de enviar a la cárcel a los dos exdirectivos del grupo Eurobank, Eduardo Pascual y María Vaqué, así como el testaferro de los ERE Eduardo Leal e Ismael Sierra, cuñado de Juan Lanzas.
Explican Ángeles Lucas y Javier Martín-Arroyo en ‘El País’ que en el pasado la juez Alaya ya ha dado muestras de su tesón en jornadas maratonianas, agotadoras, en las que los imputados soportan interrogatorios eternos y con un tono más que incisivo.
Pero este sábado la instructora ha tomado una decisión especialmente llamativa al prolongar su jornada de manera extrema y forzar al límite el plazo de detención legal de 72 horas.
Hace solo tres semanas que la juez se reincorporó al trabajo después de una baja por enfermedad de seis meses. Su salud, por tanto, es delicada. Y desde el miércoles arrastra tres días a un ritmo frenético con 20 detenciones y nueve citaciones judiciales a sus espaldas.
La madrugada ha sido intensa y tras decidir que enviaba a prisión a Eduardo Leal, testaferro del intermediario Juan Lanzas, e Ismael Sierra, cuñado de Lanzas, Alaya ha tomado declaración a Pascual y Vaqué esta mañana.
Ahora están los cuatro en calabozos pendientes de ser trasladados a prisión, y a la espera de que la juez plasme sus argumentos en un auto para enviarles a prisión.
El problema surgido a raíz de estos retrasos en las eternas comparecencias puede resultar muy grave para la instrucción. Los cuatro imputados fueron detenidos el miércoles por la mañana.
El plazo legal si se trata de una detención judicial, desde que una persona es arrestada hasta que el juez toma una decisión al respecto, ponerle en libertad o enviarle a prisión, es de 72 horas.
Este plazo ya se habría cumplido si el miércoles la detención fue ordenada por la juez. En ese caso, las defensas tienen en bandeja un argumento clave para presentar una nulidad que afecte a la instrucción por prevaricación judicial.
En caso de que la detención haya sido policial, el plazo comienza a contar desde que los detenidos son puestos a disposición de la juez, por lo que en ese caso no habría mayor problema.
Estos matices son fundamentales y se irán conociendo a medida que trasciendan los detalles de la Operación Heracles, dado que esta investigación está bajo secreto de sumario.
Pero Alaya aún afronta un problema añadido: desde que detuvo a estas cuatro personas que esperan en calabozos, la instructora ha tomado declaración a personas que no han sido detenidas, por lo que se ha retrasado su comparecencia y se ha primado la declaración de personas imputadas, pero que no esperaban a la juez en un calabozo, como el ex director general de Trabajo Javier Guerrero o el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín.
