Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras niegan la mayor: que cobrasen «sobrecomisiones» o «cobros irregulares» por 4,2 millones de euros de la consultara Vitalia, que gestionó, junto con Uniter, los expedientes de regulación de empleo pagados por la Junta de Andalucía.
Refutan lo dicho en un auto dictado el viernes 22 de marzo de 2013 por la juez Mercedes Alaya que instruye el caso de los ERE.
Esta mantiene que «las piezas del puzle comienzan a encajar» y desbarata la explicación que siempre ha dado el Gobierno andaluz respecto a que los ERE garantizaron la paz social y ayudaron a 6.000 trabajadores con difícil salida laboral.
Las investigaciones siguen su curso, y ya casi en el penúltimo escalón, la jueza Alaya señala al presidente de la Junta de Andalucía, hoy también presidente del PSOE, como financiador de los falsos ERE, algo por lo que este domingo el dirigente socialista trato desligarse, y por lo que Zoido le culpó como «cajero de los ERE».
La firma de Griñán
Las investigaciones llevadas a cabo permiten derivar que, conocidas sobrecomisiones, por qué se daban ayudas sin crédito.
El actual presidente de la Junta Andaluza, otrora consejero de Economía y Hacienda en el periodo que va de 2004-2009, firmó y elevó para su aprobación en el Consejo de Gobierno numerosas modificaciones presupuestarias por las que se incrementó el crédito de la partidad de los ERE durante la etapa señalada, recoge este lunes el diario ‘El Mundo’, junto a un documento donde se estampa la firma de José Antonio Griñán.
La investigación del caso de los ERE, abunda el diario madrileño, ha permitido concluir que Empleo de la Junta concedió ayudas por importe superior al crédito de que disponía y en contra de la ley.
«Comienza a tener explicación el desfase presupuestario, es decir la concesión de ayudas por encima del límite legal establecido», subraya el auto de la juez Alaya.
Sobrepasada la disponibilidad económica, la Junta de Andalucía se vio obligada a aprobar numerosas modificaciones presupuestarias a favor de la partida 31.L, calificada como «fondo de reptiles» por el exdirector de Trabajo, Javier Guerrero.
La historia de los mineros
Además, se da la circunstancia de que muchas de las modificaciones presupuestarias con las que se incementó la cuantía del programa 31.L las hubo de firmar para su aprobación José Antonio Griñán, titular entonces de Economía y Hacienda.
Una de aquellas modificaciones propuestas por el actual presidente de la Junta de Andalucía -de noviembre de 2005, por importe de 799.895,97 euros, sirvió para financiar 15 prejubilaciones que la juez entiende que son falsas, ya que eran para trabajadores de una mina que había cerrado 17 años antes.
Se suspenden dos declaraciones
La juez que investiga los ERE fraudulentos ha suspendido las declaraciones del abogado sevillano Carlos Leal y también la del dueño de la empresa Uniter, José González Mata.
Ambos están imputados y era los únicos que faltaban por declarar en la última ronda de interrogatorios iniciada por la juez Mercedes Alaya para conocer el destino final de las comisiones ilegales.
En esta última fase de comparecencias de los nuevos imputados, la juez Mercedes Alaya ha enviado a prisión a siete de los veintidós imputados, entre ellos el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.
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