En el anterior recurso que presentó Urdangarin su abogado denunciaba haber visto vulnerado su derecho de defensa
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado a Dulce Linares, quien fuera jefa de gabinete del expresidente del Govern Jaume Matas, y la ha citado a declarar en Palma el próximo 19 de abril a partir de las 11.00 horas. La exalto cargo ya compareció como testigo ante el magistrado, quien le interrogó en concreto sobre las dos ediciones del evento Illes Balears Forum por los que el Ejecutivo balear pagó al Instituto Nóos 2,3 millones de euros, parte de cuyo destino se desconoce.
Así consta en una providencia dictada este martes por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que también emplaza a declarar para el mismo día a dos de los presuntos testaferros de Iñaki Urdangarin, Mario Sorribas (a las 9.00 horas) y Robert Cockx (a las 12.00), también como imputados, así como al empresario Álex Sánchez Mollinger (a las 13.00), en su caso como testigo.
Según pone de manifiesto el juez en su resolución, Linares será interrogada en esta ocasión como imputada «en garantía de sus derechos y asistida de letrado», por si de los hechos «pudiera desprenderse alguna responsabilidad penal». El magistrado prevé interpelarle sobre los mismos hechos por los que ya fue preguntada en anteriores comparecencias.
YA LO NEGÓ TODO
En una de ellas, Linares negó que Matas le ordenase que no se realizase control alguno de los Illes Balears Forum, eventos sobre turismo y deporte que tuvieron lugar en 2005 y 2006 en Palma, aseverando que cuando fueron rubricados los convenios de colaboración de estos foros entre Nóos, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) y la Fundació Illesport pensaba que no incurrían en ningún tipo de irregularidad, y nadie le dijo que así fuera.
En concreto, Linares, quien ya fue absuelta en el primer juicio celebrado en el marco del caso Palma Arena -en el que Matas fue por su parte condenado a seis años de prisión-, estuvo presente en una reunión en el Consolat de Mar -sede de la Presidencia del Govern- a la que también asistieron Urdangarin, su exsocio Diego Torres, Matas, los exconsellers Joan Flaquer y Rosa Puig y el exdirector general de Deportes José Luis ‘Pepote’ Ballester, tal y como recordó.
En este encuentro, según apuntó, era Torres quien llevaba «la voz cantante» y en él explicó el proyecto que quería desarrollar en las islas, detallando la organización del foro y los posibles invitados «de prestigio» que podrían acudir, a fin de despertar el interés del Ejecutivo balear en la celebración del cónclave. Tras ello, Matas ordenó que se firmase el convenio para llevar a cabo la primera edición del Illes Balears Forum.
Al primero de los eventos la Administración autonómica destinó 1,2 millones de euros mientras que por el segundo abonó 1,1 millones. Se da la circunstancia de que el propio Torres aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.
Así, entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.
FACTURAS PRESENTADAS PARA JUSTIFICAR EL GASTO
Es más, un informe policial incluido en el sumario revela cómo Nóos destinó, con cargo a los 2,3 millones que recibió del Govern, más de 88.700 euros a costear billetes de avión y estancias de hotel cuya ubicación y relación con los foros se desconoce, así como a sufragar numerosos billetes de transporte ferroviario a pesar de que éstos «no parecen propios de ningún tren que circule por Baleares».
Es más, el informe incluye facturas anteriores y posteriores a la firma de los convenios para la celebración de los foros mientras que otras se refieren a billetes de avión cuyo origen y destino no se conoce, están relacionadas con el evento Valencia Summit o hacen referencia a estancias de hotel en Valencia y Londres.
Sin embargo, sobre estos eventos, la defensa de Urdangarin presentó un extenso dictamen jurídico con el que intentó avalar que los convenios rubricados por Nóos con el Govern no estaban sujetos a la contratación pública, de forma que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el Ejecutivo de Matas como contraprestación. Responden así, según el informe, a la legalidad vigente cuando se suscribieron.
EL PAPEL DE MARIO SORRIBAS Y ROBERT COCKX
En el caso de Sorribas, el juez instructor contempla interrogarle sobre los pagos que la sociedad Madrid 16 abonó a la considerada sucesora de Nóos, la Fundación Deporte Cultura e Integración Social (FDCIS) por unos trabajos presuntamente inexistentes para preparar la candidatura olímplica de Madrid 2016. En concreto, sobre el encausado pesan presuntos delitos de prevaricación y malversación.
Por su parte, Cockx, supuesto testaferro en Suiza del Duque de Palma, será interpelado sobre la presunta mediación que habría realizado en favor de Urdangarin con Inversiones Financieras Aguas de Valencia (AGVAL) para que el Duque pudiese cobrar 375.000 euros por servicios de búsqueda de inversores que finalmente no fructificaron.
En la declaración que ya prestó como imputado ante la Fiscalía, aseguró que en su trayectoria como impulsor de nuevas empresas para terceros clientes ha evitado tratar «con políticos y criminales», asegurando no conocer al marido de la Infanta Cristina como tampoco al colaborador de éste, José María Treviño. El encausado precisó que tiene en su haber unas 50 sociedades constituidas, si bien sostuvo que no utilizó ninguna de ellas en beneficio del Duque.
EL DUQUE RECURRE FIANZA
El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha recurrido mientras tanto ante la Audiencia Provincial de Palma el auto por el que le fue impuesta, junto a su exsocio Diego Torres, una fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros en el marco de la causa que investiga un presunto desvío de fondos de 5,8 millones de euros a través del Instituto Nóos, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.
El marido de la Infanta Cristina ha impugnado de este modo el auto en apelación, después de que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, desestimase en primera instancia el anterior recurso que presentó contra la caución. Ahora será la Audiencia la que deberá deliberar sobre si debe o no mantenerse la fianza que pesa sobre Urdangarin y Torres.
En el anterior recurso que presentó el Duque, su abogado denunciaba haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la fianza, pronunciándose de este modo «a los efectos de que [el derecho supuestamente quebrantado] pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno», ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
Es más, la defensa del encausado consideraba que su patrocinado se vería abocado a un «injusto empobrecimiento» e insistía «en la convicción y postura procesal de que a mi mandante no se le debe aplicar fianza alguna de responsabilidad civil provisional derivada de la imputación de determinados delitos».
Por su parte, el abogado de Torres aseveraba que su cliente «ni por asomo podía siquiera imaginar que algo irregular pudiera existir». Según el recurso, «es cierto que el Instituto Nóos era un ente sin ánimo de lucro, otra cosa es que los profesionales que prestaron servicios para el mismo, bien de forma directa, bien de forma subcontratada a través de otras sociedades (…) no percibieran por su trabajo las contraprestaciones económicas correspondientes».
Sin embargo, el juez Castro, en el auto por el que confirmó la fianza, recalcó respecto a la oposición del Duque que «no se adivina dónde radica la indefensión» que proclamó el imputado «cuando no se hace uso absolutamente de nada que no esté incorporado a la causa y esté en poder de los recurrentes», en referencia a Urdangarin y a Torres.
DESGLOSE DE LA FIANZA
En concreto, la fianza engloba los 1,2 millones de euros que percibió Nóos para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos en virtud de un convenio con el Consell de la Generalitat y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.
Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears – Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa (un tercio de la cantidad global solicitada).