Los gastos totales de las empresas públicas de Castilla-La Mancha aumentaron un cuatro por ciento de media en 2011, mientras que los ingresos en su conjunto disminuyeron un 19 por ciento, alcanzándose unas pérdidas globales agregadas de algo más de 110 millones de euros.
Así se recoge en el informe definitivo sobre la revisión formal de las cuentas de empresas y entes del sector Público regional no sometidos a contabilidad pública en el ejercicio 2011, elaborado por el Sindico de Cuentas y que publica este miércoles 27 de marzo de 2013 el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). La empresa que registró más pérdidas en ese periodo de tiempo fue la de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), con 64 millones de euros, seguida de la Sociedad de Carreteras, con pérdidas de 18,5 millones y la Empresa Regional de Suelo y Vivienda, 17,9 millones. Sin embargo, presentaron resultado positivo la empresa pública de Gestión Ambiental (Geacam), de 40.000 euros; la Agencia de Gestión de la Energía, 245.000 euros, e Infraestructuras del Agua, 5,4 millones.
El aumento de los gastos procede, especialmente, de los deterioros y resultados por enajenaciones inmobiliarias, que ascienden a 36,6 millones de euros, de los que 21,9 corresponden al Hospital General de Toledo y a otros proyectos singulares y 10,7 millones a viviendas y locales.
32 empresas liquidadas
Castilla-La Mancha ha liquidado 32 empresas públicas hasta octubre de 2012 y tiene cinco pendientes en proceso de liquidación, de las 48 previstas, según los datos facilitados por Hacienda a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En el conjunto del territorio, las comunidades autónomas habían cerrado en octubre de 2012 o habían iniciado el cierre del 90,85 por ciento de las empresas públicas que se comprometieron a eliminar entre 2011 y 2012, es decir, 477 de las 525 sociedades autonómicas.
En concreto, hasta ese mes se habían extinguido 229 empresas y otras 248 se encontraban en fase de extinción. Además, los gobiernos regionales han reestructurado otras 161 entidades en un compromiso adicional al de eliminación de empresas.
En cuanto a esas 248 sociedades en proceso de extinción a 1 de octubre, Hacienda ha informado de que después de esa fecha se habían cerrado ya 91, otras 59 se encuentran en proceso de disolución o liquidación y las 98 restantes han cesado ya su actividad.
Este proceso de cierre de 525 entidades ahorrará, según los datos del ministerio, unos 1.500 millones de euros: 414, 8 en 2011, 669 millones en 2012 y 421,5 millones en 2013, con una reducción de personal de 5.863 personas, un coste de 130 millones de euros anuales.
En el informe presentado por Hacienda sobre la reducción del sector público autonómico se añade que estas entidades que van a desaparecer emplean en total a 25.580 personas y gestionan 6.810 millones.
Hacienda y comunidades se comprometieron en 2010 a elaborar un plan para racionalizar el gasto público; el año pasado, ante la profundidad de la crisis, se comprometieron a acelerar el proceso de cierre de empresas públicas y concluirlo el 31 de diciembre del año pasado.
