Los promotores denuncian la discriminación frente a las Administraciones, mientras la Junta impaga ayudas a la venta para al menos 5.000 viviendas de VPO
El decreto de la Junta de Andalucía que regula el régimen sancionador para los bancos y sociedades de gestión y patrimoniales que tengan en situación ociosa las viviendas que poseen o administran se olvida de una parte importante del mercado inmobiliario de esta comunidad.
Como revelan Carlos Pizá (@carlospiza) y Jose María Camacho (@jmcamacho8) en ‘El Economista’, se trata en concreto de las alrededor de 60.000 viviendas de titularidad pública construidas en los años del boom por ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas locales o provinciales y el propio Gobierno regional, y que pese a estar en la mayoría de los casos vacías, no serán multadas.
El decreto ley, que se publica este 11 de abril de 2013 en el boletín oficial de la Junta de Andalucía e inicia su tramitación parlamentaria, incluye también la expropiación del derecho de uso de las viviendas cuyos propietarios vayan a ser desahuciados y queden, debido a ello, en situación de emergencia social.
Una expropiación que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, defendió este miércoles como plenamente legal y ajustada a la Constitución ya que, aseguró, una sentencia del Tribunal Constitucional de 1987 establece que la propiedad privada va indisolublemente ligada a su «utilidad y función social».
Griñán reiteró la finalidad del decreto: la movilización del mercado para sacar vivienda en alquiler, y descartó que su objetivo sea recaudatorio.
José Prados, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Málaga, criticó este miércoles muy duramente el decreto anunciado por la Junta y recordó que todo ese parque de vivienda público -que cifró en esas 60.000 unidades- no se vende porque no hay financiación.
«Pero de esas viviendas nadie habla, sólo de las de los bancos y las inmobiliarias».
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