El ex presidente de la Generalitat dice que "ni Cortes, ni partidos, ni tribunales"

Jordi Pujol afirma que en España no funciona nada

Clama contra la sentencia del catalán y dice que "no hay un problema lingüístico"

Jordi Pujol afirma que en España no funciona nada
Jordi Pujol. PD

Dice que que «la idea de que esto crea un gran malestar social» en la convivencia en Cataluña o genera roces es radicalmente «falsa»

Jordi Pujol salió este 12 de abril de 2013 con contundencia en defensa de la inmersión lingüística en Cataluña después de la resolución judicial que obliga a utilizar de manera equilibrada el castellano en las aulas catalanas.

Según dijo este viernes, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) demuestra que «en España no funciona nada», incluyendo en la lista a los tribunales.

Cuando un periodista, coin el telón de fondo de los hijos del Honorable y de sus cuitas judiciales, osó preguntarle qué balance haría de su apellido si escribiera ahora un libro tras las informaciones que afectan a su familia, Pujol respondió sombrío:

«Si algún día escribo otro libro, podré hacer un balance positivo. Estoy muy confiado y empecinado en este sentido, pero confiado en el que puede ser el desenlace final de este tema».

El ex presidente de la Generalitat aprovechó el nuevo capítulo del conflicto lingüístico en la Comunidad para enumerar, durante la presentación del libro póstumo de Santiago Carrillo, las instituciones que, a su parecer, no funcionan en el Estado. Prácticamente no olvidó ninguna.

Desde el Tribunal Constitucional (TC), pasando por los partidos políticos, las Cortes, el Banco de España, el Tribunal Supremo (TS) y llegando hasta el sistema autonómico.

Para Pujol, la última decisión judicial no puede hacer olvidar que, tras 25 años de sistema de inmersión lingüística en las escuelas, «no hay un problema lingüístico en la calle, ni para los catalanohablantes, ni para los castellanohablantes».

Además, lamentó que existan sentencias que sean capaces de poner en riesgo cuestiones como la lengua, vista desde siempre como un pilar para la cohesión social.

Tanta importancia otorgó Pujol al uso vehicular del catalán en las aulas, que llegó a elevar el respeto a la lengua autóctona a un problema de tanta trascendencia en las relaciones entre Cataluña y España como «el respeto a las competencias o a la financiación».

Tal y como esgrimió, la defensa del catalán es parte del núcleo duro del catalanismo junto con la reivindicación cultural y la memoria histórica. Es por ello que lamentó que se imponga este debate cuando «durante años ha funcionado un sistema que no ha creado ningún problema».

Además, sostuvo que «la idea de que esto crea un gran malestar social» en la convivencia en Cataluña o genera roces es radicalmente «falsa».

Pujol no se quedó solo en su defensa cerrada de la inmersión. El también ex presidente José Montilla, castellanohablante, tachó asimismo el auto del TSJC de «error», ya que considera que «los tribunales deben estar para solucionar problemas, y no para crearlos».

Según defendió, el debate lingüístico que estos días se recoge en los medios y en las cámaras políticas, en realidad no está presente a nivel social ni en la escuela.

Así, sentenció que «judicializar el tema de la lengua es lo peor que se puede hacer, y es una grave irresponsabilidad por parte de aquellos que lo hacen, porque tratan de generar un conflicto donde no lo hay».

Las palabras de los dos ex mandatarios coincidieron con un nuevo paso dado por la consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ariete del actual Govern en defensa del sistema educativo.

Según señaló durante una inauguración en Lleida, el ejecutivo catalán ha presentado ya el recurso contra el auto del TSJC.

Añadió que, al contrario de las acusaciones que se vienen difundiendo contra el equipo de Artur Mas, la Generalitat acata o recurre las sentencias, pero «nunca las incumple».

Según defendió, «cuando se dice que incumplimos no se dice la verdad», y se refería así, sin mencionarlo, al ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien el jueves instó a cumplir el nuevo auto.

«Cuando creemos que una normativa no se ajusta a las previsiones estatutarias, presentamos recurso y nuevo recurso, y si tenemos que presentar de casación, lo hacemos y si hace falta, más arriba», sentenció Rigau.

 

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