No se desea que los únicos en soltar el dinero sean tan sólo Urdangarin y su exsocio Torres
La Fiscalía Anticorrupción prevé solicitar en el marco del caso Nóos una fianza de responsabilidad civil millonaria para los exaltos cargos que intervinieron en las contrataciones presuntamente irregulares con el Instituto presidido entonces por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, si bien se circunscribirá por el momento a los exresponsables del Govern balear, a raíz del supuesto desvío de unos 2,6 millones de euros de las arcas del Ejecutivo.
Así lo han informado a Europa Press fuentes de la causa, que han señalado de este modo que las responsabilidades civiles en el marco de este procedimiento judicial no se ceñirían únicamente a Urdangarin y su exsocio Diego Torres, para quienes el Ministerio Público ya reclamó una caución de 8,2 millones de euros, posteriormente acordada por el juez instructor, José Castro, sino que también los exaltos cargos también deberán responder del dinero presuntamente malversado.
YA SE VERÁ EN VALENCIA
En concreto, la fianza prevé ser solicitada para quienes ostentaban un cargo público en las islas, ya que en el caso de la Comunidad Valenciana los investigadores estudiarán si solicitar al juez Castro que remita una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que permita el encausamiento del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá, y a partir de ahí contemplar la posibilidad de que entonces sí sean reclamadas las responsabilidades civiles oportunas.
Las mismas fuentes han precisado que será de cara a la recta final de la instrucción cuando la acusación pública previsiblemente reclame la fianza para los exaltos cargos del Ejecutivo balear, si bien por ahora no se ha concretado sobre quiénes pesaría esta petición, que prevé fundamentarse principalmente, a pesar de que por el momento no hay fijada una cifra exacta, en los 1,2 millones de euros que percibió Nóos para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006).
MATAS Y COMPAÑÍA
A estas cantidades se añaden los 54.520 euros que el Govern abonó a la entidad para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears – Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo, y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, eventos que se encuentran bajo lupa judicial en el marco de este complejo procedimiento judicial, que constituye la pieza número 25 de las 27 que integran el llamado caso Palma Arena.
En concreto, por los hechos investigados en relación con Baleares se encuentran imputados, entre otros, el expresidente del Govern Jaume Matas -cuya defensa solicitó en su día la citación de Camps en este caso por los convenios rubricados con Nóos-, el exdirector general de Deportes José Luis ‘Pepote’ Ballester, y el exgerente del organismo público Illesport.
EL DUQUE Y TORRES «NO SON LOS ÚNICOS CRIMINALMENTE RESPONSABLES»
El propio magistrado, en el auto por el que impuso la fianza de 8,2 millones a los dos exsocios del Instituto Nóos, negaba que éstos fuesen «los únicos criminalmente responsables» en estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado: unos 5,8 millones de euros cuyo destino se desconoce.
En una resolución de 542 páginas, el instructor llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres «por exigencia de congruencia» con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que «deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión».
LOS EXALTOS CARGOS SON «MERECEDORES DEL MÁS INTENSO REPROCHE»
De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma aseveraba que los responsables de las Instituciones balear y valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son «merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados».
Es más, Castro sostenía que, en el marco de las contrataciones llevadas a cabo entre las Administraciones y el Instituto Nóos, los convenios de colaboración suscritos para ello «no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo», cuya «única» finalidad era, con un «total abuso de poder», beneficiar a la entidad y en este caso «al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin».
