Esta sentencia no es firme, siendo susceptible de recurso ordinario de casación
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha acordado la «nulidad» del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 2.000 trabajadores dedicados a la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam).
En una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal considera que el acuerdo, que fue aprobado por los representantes de UGT, SIBF y SATIF y del que se desmarcó y denunció CCOO, «fue contraviniendo la legalidad vigente, en fraude de ley», por lo que opina que «debe ser declarado nulo».
Esta sentencia no es firme, siendo susceptible de recurso ordinario de casación, recurso que, según recoge la sentencia, deberá prepararse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia.
En un comunicado, CCOO ha valorado «muy positivamente» la sentencia y ha llamado a Geacam y al Gobierno de Castilla-La Mancha a «reflexionar» y a volver a la mesa de negociación con un nuevo planteamiento enfocado a garantizar el futuro de la empresa pública y del empleo, «con responsabilidad, sensatez y legalidad».
Asimismo, ha apuntado que «sólo una no justificada decisión política impidió en su momento alcanzar un acuerdo en torno a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que diera respuesta a la situación coyuntural que afronta Geacam». «La dirección de Geacam y el Gobierno prefirieron apostar por un aventurerismo irresponsable, más caro y más injusto», ha añadido.
OTRO ERE
De otro lado, el sindicato ha recordado que los tribunales también anularon recientemente el otro ERE de Geacam, «por el que la empresa pública despidió a cerca de 80 trabajadores de su área de Asistencias Técnicas y Estructuras».
Según ha destacado, «Geacam ha tenido que reincorporar a estos trabajadores y en la actualidad les paga salarios y seguridad social, aunque están en sus casas sin tarea ninguna –lo que constituye un auténtico despilfarro de dinero público–, mientras la empresa y el Gobierno buscan alguna fórmula que les permita volver a despedirlos».