La Fiscalía del Supremo quiere también que cumpla la condena que se le impuso por pagar sus discursos a Alemany
El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, olvida su pasado y cómo llegó a auparse al poder del brazo de su predecesora Rosa Estarás, mano derecha del expresidente Jaume Matas que a buen seguro jugó un papel fundamental a tal fin.
Bauzá carga ahora contra su mentor, el mismo por el que luchaba por lavar su imagen intercediendo en diferentes medios de comunicación al poco de saltar los primeros escándalos, y ha dado instrucciones muy claras a la Abogacía de la Comunidad Autónoma: meterle en la cárcel a toda costa.
SEIS AÑOS DE CÁRCEL POR UNOS DISCURSOS
Condenado en marzo del pasado año a seis años de cárcel por un delito de fraude a la administración; un delito de falsedad en documento oficial; un delito de falsedad en documento mercantil; un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación y un delito de tráfico de influencias agravado, al otrora ministro de Medio Ambiente los letrados de la Comunidad le tienen en su punto de mira junto a la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Ambos han tumbado uno por uno los recursos de casación presentados ante el Alto Tribunal, tanto por él como por parte del periodista Antonio Alemany, condenado en la misma causa a tres años y 9 meses por haberle redactado los discursos que ensalzaban su actividad política, y haberlos cobrado según el fallo emitido de manera fraudulenta.
VULNERACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Poco importa que Pilar Gómez Pavón, la abogada de Matas, haya alegado hasta un total de catorce motivos para oponerse a la sentencia condenatoria, ni que el letrado de Alemany, Javier Fernández, haya hecho lo propio con once, todos ellos relacionados con la presunta vulneración de varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y es que los escritos de inadmisión y subsidiario de desestimación firmados por el fiscal Carmelo Quintana Jiménez, así como por la letrada del Govern María Ángeles González, le traen al pairo al Govern.
El ministerio público ha ido incluso mucho más lejos, y se opone a que el Supremo celebre una vista para abordar ambos recursos de casación.
