Todos estos servidores de lo público pueden estar tranquilos porque van a seguir cobrando un pastón sin cometer delito alguno
Un diputado nacional «raso» se lleva al año algo más de 60.000 euros. Es muchísimo para una economía normalita y un auténtico disparate para una como la nuestra, donde la cifra del número total de desempleados alcanza las 6.202.700 personas, algo nunca visto en nuestro país. Para más de 1.900.000 hogares, que es el número de familias con todos sus miembros en paro, comer a final de mes es un milagro.
Sin embargo, nos seguimos comportando como si la crisis no fuera con nosotros, como si fuera una cosa que sale en la tele pero se acaba cambiando de canal o leyendo sobre las últimas aventuras de Olvido Hormigos. Está tan enraizada en nuestra idiosincrasia esta forma de pensar que hasta el Tribunal Supremo ve bien que un diputado de provincias que tenga casa en Madrid cobre hasta 1.823,86 euros al mes para cubrir «gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función». Los que sean de Madrid se tienen que aguantar con 870,56 euros. Este dinerito, con el que puede vivir una familia compuesta por cuatro miembros al ser una cantidad dedicada a cubrir gastos, está exenta de tributación.
Todo esto viene a cuento porque el Tribunal Supremo ha inadmitido la querella que presentó el colectivo Democracia Real Ya (DRY), uno de los promotores del 15-M, contra los diputados que, pese a tener residencia en Madrid, perciben indemnizaciones por gastos derivados de su labor en el Congreso. La querella hace referencia a más de sesenta diputados que, pese a haber declarado tener una casa en Madrid, perciben la indemnización máxima por haber sido elegidos en provincias distintas. Entre los denunciados figuraban unos cuarenta parlamentarios del PP, una veintena del PSOE, uno de CiU y uno de CC.
Castilla-La Mancha, por supuesto, no se libra y hay hasta seis diputados con casa en Madrid que cobrarán la jugosa dieta. Entre ellos destaca el mismísimo José María Barreda, expresidente de la Junta de Comunidades. Todos estos servidores de lo público pueden estar tranquilos porque van a seguir cobrando un pastón sin cometer delito alguno. Otra cosa es la moral de cada uno, aunque algunos me temo que seguirán durmiendo con la conciencia tranquila.
