El PIB cae más de lo que lo hace en el conjunto del país, como el último informe de Analistas Económicos de Andalucía (Unicaja) recordaba hace una semana
Se cumple el primer año de gobierno efectivo del primer gabinete del PSOE e IU que preside José Antonio Griñán al frente de la Junta de Andalucía. Doce meses, que comenzaron con el discurso de investidura de Griñán el 2 de mayo, en los que resulta casi imposible citar alguna medida realmente efectiva para aliviar la crisis que golpea en esta comunidad con bastante más fuerza que en el resto de España. Y que la tiene, en la práctica, en una situación de quiebra económica y social.
Y ello, como subraya Carlos Pizá en ‘El Economista’, porque la tasa de paro es, de manera permanente, nueve puntos superior al promedio nacional y el PIB cae más de lo que lo hace en el conjunto del país:
- El aniversario pasará probablemente desapercibido, opacado por el drama del empleo en la comunidad que reflejó la EPA de la semana pasada con un paro de casi el 37% (de más del 41% en la provincia de Cádiz) que afecta a 1,47 millones de personas.
- Los dos planes de empleo anunciados en este año han fracasado, y la Junta ni siquiera se ha atrevido a valorarlos.
- La deuda pública andaluza alcanza ya los 20.544 millones y equivale al 14,5% del PIB.
- Andalucía aglutina, según el Consejo General del Poder Judicial, casi un tercio (541) de los 1.661 procesos judiciales en marcha por corrupción política o económica. Junto al más mediático, el derivado de la Operación Malaya en Marbella, la palma se la lleva el caso ERE, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Andalucía con más de 1.200 millones de gestión de fondos públicos bajo investigación y setenta imputados, entre ellos un exconsejero, un exviceconsejero y tres exdirectores generales.
- En lo político, la convivencia entre los dos partidos de ‘izquierdas‘ ha sido razonablemente buena, siendo la comisión de investigación del caso ERE del pasado verano -que fue un fiasco absoluto por irresponsabilidad compartida de los tres partidos-, y el reciente decreto para multar viviendas vacías y expropiar pisos cuyos inquilinos vayan a ser desahuciados, los dos estandartes que IU puede esgrimir como sello de identidad. La creación de un ente de financiación público sería el siguiente.