"Soy el primer interesado en aclarar todos los hechos ocurridos sobre la muerte del paciente senegalés"
Tras la denuncia recogida por RB en torno a la situación en el Hospital de Inca, donde al parecer no se atiende debidamente ni siquiera a las embarazadas inmigrantes, el conseller de Salud, Martí Sansaloni, sale ahora al paso ordenando «la retirada de todas las facturas que se hayan podido emitir y la devolución de oficio de aquellas que se hayan cobrado indebidamente».
En un comunicado emitido por su conselleria, el aludido afirma que «de acuerdo con los criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud tiene que prestar a todas las personas que no tengan la condición de asegurado o beneficiario, elaborado el pasado mes de agosto, los inmigrantes en situación irregular tienen garantizada la asistencia sanitaria urgente y gratuita. También los menores, las embarazadas, los supuestos de enfermedades de salud pública y de salud mental, el asilo político, y las víctimas de tráfico de seres humanos. La atención de estos supuestos no supone ninguna facturación para el paciente»
INVESTIGACIÓN EN MARCHA
Agrega además, y en relación a la muerte del joven senegalés Alpha Pam por tuberculosis, que «desde el primer día se investigan los hechos ocurridos», agregando que «es el primer interesado» en ello:
«Desde el primer día en que tuvo conocimiento de la muerte de esta persona, se inició por parte de técnicos del Servicio de Salud de las Islas Baleares, un análisis exhaustivo de todo el proceso. Se trata de un hecho excepcional y está siendo objeto de investigación por parte de la inspección médica y de los servicios jurídicos del Servicio de Salud».
Asimismo ha recalcado que «el paciente fue atendido tanto en la atención primaria como en el Hospital Comarcal de Inca y se activó el protocolo de detección de salud pública».
Martí Sansaloni ha instado al director general del Servicio de Salud, Miquel Tomás, a que se reúna con los responsables de admisión de todas las gerencias para velar por el correcto cumplimiento de los criterios de atención a los inmigrantes en situación irregular, «sin excepción».
A continuación se remite una cronología de la atención sanitaria dada al paciente senegalés que reproducimos íntegramente:
«El paciente fue atendido día 25 de febrero en la Unidad Básica de Salud de Can Picafort, donde explicó que hacía un mes que tenía tos y que el hijo de un amigo de la familia estaba ingresado en el Hospital Comarcal de Inca afectado de tuberculosis. Después de valorar el paciente, la doctora le hizo una prueba rápida -llamada PPD- para descartar la tuberculosis.
Tres días más tarde, el 28 de febrero, la prueba dio resultado negativo. Aun así, para asegurarse la doctora remitió el paciente a Urgencias del Hospital Comarcal de Inca para que le hicieran una valoración y una radiografía de tórax con el objetivo de descartar la tuberculosis.
El 5 de abril, el paciente acudió con tos y dolor a la hora de tragar a las urgencias del Hospital Comarcal de Inca. El Hospital de Inca no tiene constancia que el paciente aportara ningún tipo de documentación de las visitas a atención primaria. La enfermera hizo el triaje y el médico de urgencias diagnosticó una bronquitis aguda y le recetó un antibiótico y un antiinflamatorio. Así mismo, en el informe de alta le recomendaba que acudiera a su médico de familia para evaluar la evolución del proceso. Según la Gerencia de Atención Primaria el usuario no acudió a ningún centro de salud posteriormente. Entre el 28 de febrero y el 5 de abril no se tiene constancia de ningún documento o reclamación.
Paralelamente, durante el mes de febrero ingresaron en el Hospital Comarcal de Inca dos niños por tuberculosis relacionados con el paciente senegalés. En este momento, el protocolo de Salud Pública se activó con diligencia y se identificó y trató a todas las personas que estaban en contacto con los menores.
Se intentó identificar hasta en tres ocasiones al paciente, pero ningún familiar aportó información para localizarlo. El protocolo de actuación ante la sospecha de enfermedades de salud pública se activa siempre, con independencia de la situación administrativa en la que se encuentra el paciente. Primero, se abre una investigación para identificar los familiares y las personas del entorno del paciente para aplicar después el tratamiento y seguimiento necesario».
