Se reconocieron alegremente obligaciones por un importe superior a los ingresos generados
El estudio de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión económica del Govern en 2011, año en que coincidieron en sus mandatos Frances Antich y José Ramón Bauzá, supone un nuevo varapalo a los políticos, ya que se gastó mucho más de lo que estaba presupuestado.
La actitud económica con respecto al IB-Salut fue, entre otras , como la de IB3, ejemplo de desatino mayúsculo, y en el estudio se cita textualmente que «se conculcaron gravemente los principios constitucionales de publicidad, igualdad mérito y capacidad por lo que respecta a los nombramientos de personal fuera de plantilla».
EMPEORAMIENTO A MARCHAS FORZADAS
El síndico mayor de Cuentas, Pere Antoni Mas, lo ha dejado muy claro, y ha confirmado un «empeoramiento» de la situación presupuestaria de la Administración autonómica durante ese ejercicio de 2011, después de que las cuentas generales de la Comunidad Autónoma y las 191 entidades vinculadas que han sido analizadas arrojasen un resultado conjunto negativo de un total exacto de 983 millones de euros.
La cifra se traduce en que se reconocieron obligaciones por un importe superior a los ingresos generados, tal y como destacado el citado en las últimas horas en el transcurso de la presentación del informe a la presidenta del Parlament, Margalida Durán, junto a los síndicos Bernat Salvà y Maties Tugores.
En este contexto, el síndico mayor se ha referido al incremento del endeudamiento global y al problema de tesorería que existe en la CAIB. Al cierre de 2011, el endeudamiento era de 3.318 millones de euros, con un 14,38% más que en el ejercicio anterior.
NÚMEROS ROJOS EN TESORERÍA
Por su parte, el remanente de tesorería también obtuvo números rojos, a fecha del 31 de diciembre, por un importe de 618 millones, un departamento «que continúa condicionado totalmente por el hecho de que la Comunidad Autónoma reconociera en el 2004 el derecho de déficit de financiación histórica de las competencias transferidas en materia de sanidad y educación por un importe de 583 millones y por no incluir 121 millones de euros en concepto de anticipos concedidos a los Consells Insulares registrados extrapresupuestariamente», se señala en el citado documento.
Cabe apuntar que el informe estudia los presupuestos iniciales del ejercicio de 2011 correspondientes a la prórroga de las cuentas de la CAIB de 2010, si bien, ello no ha supuesto ningún contratiempo relevante a efectos de gestión, ha indicado el responsable del organismo.
Además del Govern, la Sindicatura de Cuentas analiza el IB-Salud, la Agencia Tributaria de Baleares y el ente público IB3, y cuenta con un apartado referente a las subvenciones y las contrataciones que se han realizado durante el ejercicio.
Así, se detallan un total de 114 recomendaciones en su informe anual, por encima del centenar de años anteriores; de las cuales 33 corresponden a la Administración general, 25 al Servei de Salut (Ib-Salut), 2 a la Agencia Tributaria (ATIB) y 3 más a IB3. También se incluyen 16 recomendaciones para la mejora de la tramitación de subvenciones y 35 para la contratación.
RECOMIENDAN QUE NO SE HAGAN PAGOS ANTICIPADOS DEL CIEN POR CIEN
En concreto, en el apartado de subvenciones se recomienda al gobierno balear que no realice el pago anticipado del cien por cien de la subvención, «sino que espere a que se hayan cumplido los objetivos para abonar el total», ha señalado Mas, quien ha explicado que «si está todo pagado, normalmente es complicado después poder llegar ha hace una justificación».
Asimismo, se ha referido a la relevante caída del importe de las contrataciones que se realizaron en la CCAA, ya que mientras que en 2010 se contrataron por valor de unos 1.400 millones de euros, en 2011 esta cifra se situó en los 330 millones, de los que casi el 50% correspondieron a entidades del sector público instrumental.
En 2011 se han analizado además algunos encargos de gestión correspondientes a dos consellerias, ante lo que la Sindicatura apunta a la conveniencia «de justificar por qué se acude a esta figura», de modo que se aclare «si es más económico o más eficiente que seguir el procedimiento ordinario de la Ley de contratos del sector público».
Por su parte, el síndico Bernat Salvá ha explicado que el nivel de fraccionamientos ese año fue «menos significativo que en años anteriores», si bien ha añadido que también el número de contratos menores bajó sustancialmente respecto al año anterior, en torno a un 50% menos, y que se ha pasado de los 15 millones de euros que se destinaron en 2010 a este tipo de contratos a los 8 millones de 2011.
