El exdiputado Ignacio del Burgo, EL exconsejero de Salud Calixto Ayesa y el exdirigente del PP Santiago Abascal también darán explicaciones
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará este martes en calidad de testigo al expresidente del Govern balear Jaume Matas por haber aparecido en la contabilidad B atribuida al extesorero del PP Luis Bárcenas, en el marco del caso Gürtel, según la cual habría cobrado 8.400 euros en 2003 bajo el concepto ‘piso’.
Mientras, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, y el diputado nacional Eugenio Nasarre declaran este lunes ante Ruz como testigos por haber admitido que recibieron fondos recogidos en la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extosero Luis Bárcenas, informaron fuentes jurídicas.
García Escudero, que declarará en la sede de la Cámara Alta, admitió que el PP le hizo un préstamo de cinco millones de pesetas (30.000 euros) en 2000 tras sufrir un atentado en su vivienda de Madrid. En los manuscritos de Bárcenas, que fueron publicados por el diario ‘El País’ el pasado 31 de enero, aparecen cuatro pagos de un millón de pesetas (24.000 euros) con la inscripción ‘devol. antic. Atentado’.
Nasarre, por su parte, reconoció haber recibido en 2003 dos donativos de 30.000 y 40.000 euros del PP para la Fundación Humanismo y Democracia, de la que era patrono junto a José Ramón Pin. «Son correctas las cantidades y las fechas. Los 30.000 euros me los entregaron a mí y los 40.000 a José Ramón Pin. Los dos éramos patronos», señaló en declaraciones recogidas en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
CUATRO TESTIGOS EL MARTES
El martes será el turno del exdiputado nacional Jaime Ignacio del Burgo, que admitió que en julio de 2001 recibió del PP medio millón de pesetas (3.005,06 euros) que había solicitado para atender las necesidades de la concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en Villaba (Navarra) Elena Murillo, a la que ETA destrozó su vivienda. Ambos comparecieron el pasado 14 de marzo ante un notario de Pamplona reconociendo estos hechos.
También declarará el exconsejero de Salud del Gobierno de Navarra Calixto Ayesa, quien reconoció haber recibido 3,9 millones de pesetas (23.439,47 euros) entre 1991 y 1992 que aparecen consignados en los ‘papeles de Bárcenas’ como entregas a su nombre o al de Del Burgo.
Ayesa explicó en un comunicado que su compañero de partido «recogía» los sobres «por encargo» porque vivía en Madrid, dada su condición de diputado nacional, y que estas cantidades eran «una compensación transitoria» que el PP le ofreció tras ser nombrado consejero y tener que cerrar su consulta como dermatólogo. Esta decisión le supuso, según explicó, «un grave quebranto» para su «economía familiar», máxime cuando hasta 1990 tuvo que «hacer frente a un crédito electoral de la UCD por importe de 21 millones de pesetas».
El tercer testigo que comparecerá el martes en la Audiencia Nacional será el exdirigente del PP vasco Santiago Abascal. Según la supuesta contabilidad B del PP, el también extesorero Álvaro Lapuerta le entregó en julio de 1999 dos millones de pesetas (12.020,24 euros), al objeto de reparar los daños que el seguro no le cubrió después de que su comercio fuera destruído en febrero de ese año por el lanzamiento de varios ‘cócteles molotov’.
El cuarto y último compareciente será el expresidente de Baleares Jaume Matas, que, según los apuntes de Bárcenas, habría cobrado 8.400 euros en abril de 2003 bajo el concepto «para piso».
DECLARACIÓN DE TRÍAS
El miércoles será el turno del exdiputado del PP y exabogado de Bárcenas, Jorge Trías, quien reconoció en la declaración que prestó el pasado 6 de febrero ante la Fiscalía Anticorrupción que su antiguo cliente le enseñó «una contabilidad paralela» del partido que tenía las firmas de los dos responsables de las finanzas ‘populares’ e incluían «sobresueldos» a sus principales dirigentes.
Ese mismo día el juez Ruz interrogará a los inspectores jefes del Cuerpo Nacional de Policía que elaboraron el informe pericial que concluía que la letra de los manuscritos corresponde a Bárcenas.
Las comparecencias de los testigos finalizarán el jueves con la declaración de Luis Molero, al que se ha identificado como «cajero» de la formación cuando se produjeron los pagos investigados; y Milagros Puente, que fue jefa del Departamento de Contabilidad del PP.
MATAS ALEGA LA PRESCRIPCIÓN DE COECHO
Por otra parte, la defensa del expresidente del Govern y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas ha alegado ante la Audiencia Provincial de Baleares la prescripción del delito de cohecho del que le acusa la Fiscalía Anticorrupción a raíz de la contratación presuntamente irregular de su mujer, por parte de una cadena hotelera, como dádiva en favor del exdirigente del PP. Unos hechos por los que Matas irá al banquillo por segunda vez para ser juzgado por un tribunal del jurado.
En concreto, tanto el letrado de Matas, Miquel Arbona, como el fiscal Pedro Horrach han estado presentes este lunes en una vistilla de cuestiones previas celebrada a puerta cerrada y presidida por el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia, Juan Jiménez, quien próximamente deberá resolver mediante un auto acerca de los alegatos vertidos por la defensa del expresidente, a los que se ha opuesto el Ministerio Público, que no ha expuesto ninguna cuestión.
Además de la posible prescripción del delito de cohecho en el que habría incurrido el exlíder ‘popular’ en las islas, el letrado de Matas ha alegado haber visto vulnerados los derechos fundamentales de su patrocinado por no haber sido inquirido sobre estos hechos cuando fue interrogado por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, al tiempo que ha cuestionado los testigos propuestos por la Fiscalía por no tener vinculación con estas pesquisas, según ha puesto de manifiesto.
En concreto, la Fiscalía acusa a Matas de ser autor de un delito de cohecho tipificado en el artículo 426 del anterior Código Penal (cuando el soborno mediare a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable), por el que solicita para él una pena de 900 euros de multa así como el comiso de los 42.111 euros cobrados por su esposa, Maite Areal.
Estos hechos se enmarcan en una de las 27 piezas separadas del caso Palma Arena, un fleco en el que los investigadores apuntan a que el propietario de la cadena hotelera Grupotel, Miquel Ramis, dio empleo a Areal como regalo en favor de Matas. Unos trabajos por los que su mujer habría cobrado 60.000 euros brutos durante 2007, pactados de forma verbal y sin la existencia de un contrato laboral de por medio.
Cabe recordar que dentro de esta pieza, el propietario de Grupotel admitió que en 2007 dio empleo a Areal a petición de Matas, recordando que ésta cobró por ello 60.000 euros brutos durante ese año. Y es que, según recordó, después de que el exjefe del Ejecutivo autonómico le solicitara un puesto para su mujer, se creó una plaza para ella como relaciones públicas por un año, aunque negó que se hiciese como un «regalo».
MAITE AREAL, CONTRATADA EN EL HOTEL VALPARAÍSO
El empresario manifestó que Areal no tenía un horario determinado ni tampoco despacho en el hotel Valparaíso, pero defendió que la producción del establecimiento durante ese año se incrementó de forma notable respecto a otros periodos. Un hecho que, sin embargo, no atribuyó al trabajo desarrollado por la mujer de Matas, de quien apuntó que no controlaba si su trabajo era fructífero.
A nivel global, el caso Palma Arena investiga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) y su posible conexión con el tren de vida llevado por Matas como máximo mandatario de la Comunidad balear. Dentro del mismo proceso se indaga la actividad supuestamente delictiva llevada a cabo por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, al frente del Instituto Nóos.
