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Emplaza a las partes para que informen si debe elevar la causa sobre Caja Navarra

La juez pide al Supremo que impute a la presidenta Barcina por las dietas en Navarra

Su condición de aforada abre diversas incógnitas sobre un presunto delito de cohecho

Periodista Digital 04 Jun 2013 - 21:08 CET
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La titular del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, ha emplazado a las partes para que informen si debe elevar la causa sobre Caja Navarra al Tribunal Supremo dado el aforamiento de la presidenta del Gobierno Foral, Yolanda Barcina.

La magistrada considera que, en lo instruido hasta el momento, «existen indicios de la comisión de un presunto delito de cohecho». Cree así «indispensable recibir declaración en calidad de imputada de Yolanda Barcina Angulo».

El auto puede ser recurrido. Asimismo, ha informado el TSJN, la juez rechaza, en este momento procesal, la solicitud de sobreseimiento que había presentado el alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

María Paz Benito es la juez de Pamplona encargada de investigar el polémico cobro de dietas dobles y triples en Caja Navarra, un caso por el que han sido imputados el expresidente navarro Miguel Sanz, el exconsejero de Economía Álvaro Miranda, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exdirector de la entidad financiera, Enrique Goñi.

Los cuatro han sido imputados por el cobro de dobles y triples dietas por asistir a sesiones consecutivas en el mismo día de la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) de Caja Navarra, un órgano que los testigos llamados a declarar han coincidido en reconocer que desconocían su existencia.

Junto a Sanz, Miranda y Maya, también formaba parte de la Comisión Permanente la actual presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, aforada por su cargo y que por tanto sólo podría ser imputada por el Tribunal Supremo.

Sanz, Maya y Miranda, destacados miembros de Unión del Pueblo Navarro (UPN), ya han prestado declaración como imputados ante la juez y, al igual que Barcina, han devuelto las dietas que percibieron como miembros de la Comisión Permanente.

El último en declarar, el pasado 28 de mayo, fue Enrique Goñi, quien anunció que pedirá el sobreseimiento de la causa porque «todo era plenamente legal» y ha tenido a su juicio soporte estatutario.

El alcalde de Pamplona pidió a través de sus abogados la retirada de la imputación y el sobreseimiento de la causa abierta contra él, una petición avalada por la fiscalía, aunque la juez de momento ha rechazado esta solicitud.

 

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