La juez Mercedes Alaya pidió a la Junta de Andalucía que explique el paradero de esa cantidad destinada a Fomento Industrial, Empleo y Tecnología
Los testaferros que traían y llevaban los sobres con dinero procedente de los ERE fraudulentos hacien los cambalaches y entregas en las puertas de la mismísima Junta de Andalucía o del Parlamento andaluz.
Según uno de los atestados policiales, el testaferrro Juan Francisco Algarín (que fue enviado a prisión y puesto en libertad posteriormente) aseguró que «llegó a entregar sobres de dinero a Juan Lanzas [conseguidor de ayudas] en la misma puerta de la Consejería de Empleo, entrando Lanzas inmedatamente después en ésta».
Y que hizo entregas de sobres «en presencia de personas que posteriormente veía entrar en la Consejería de Empleo». Este dato es importante si se tiene en cuenta que el conseguidor Lanzas tenía una estrecha relación con el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y que éste habría faciltado la concesión de ayudas por la Junta de Andalucía a empresas representadas por el propio Lanzas.
Y luego Lanzas correspondía a Guerrero con «favores personales» entre los que se incluyen el pago de viajes a China y Egigto.
LA JUEZ ABRE LA CAJA
Coincidiendo con el levantamiento del sumario decretado por la jueza Mercedes Alaya, se ha hecho público que la magistrada ha solicitado nueva documentación a la Junta de Andalucía para investigar lo que parecen ser tres nuevas fuentes de desviación de dinero hacia los ERE fraudulentos.
En concreto son tres partidas destinadas a programas de Fomento Industrial, Desarrollo Tecnológico y el Servicio Andaluz de Empleo, que suman un total de 18 millones de euros.
La solicitud realizada por Alaya pide «a la mayor brevedad posible» toda la información posible sobre estas tres líneas de financiación que, presuntamente, habrían sido desviadas de sus finalidad original.
Se trata de 3,2 millones de euros concedidos a un programa para Fomento Industrial en el año 2000.
Otros 2,9 millones que deberían haber ido destinados al Servicio Andaluz de Empleo en 2004 y 11,8 millones que deberían haber recibido distintos planes para el Desarrollo Tecnológico entre los años 2003 y 2004.
Entre la documentación solicitada por la jueza que investiga los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía destaca lo que se ha denominado la lista de intrusos, es decir, la lista de las personas que se beneficiaron de estas partidas sin haber tenido derecho a ellas.
Son unos listados que, según ha señalado la magistrada, vendría realizando la propia Junta de Andalucía desde hace dos años y que, pese a los diversos requerimientos hechos al respecto, todavía no han sido recibidos en el juzgado.
La existencia de estas listas se conocieron a mediados del pasado mes de mayo, cuando la Junta reveló que había detectado 235 irregularidades administrativas relacionadas con los ERE, entre los que se encontraban 71 personas beneficiadas que no deberían haberlo sido.
Levantamiento de sumario
Desde que Mercedes Alaya levantó el sumario el jueves pasado, tras siete prórrogas sucesivas, son muy variadas las informaciones que se han ido sucediendo.
La medida, adoptada a instancias de algunos de los imputados ha tardado en llegar porque la jueza quería recibir toda la información de manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que estaba indagando para desvelar la identidad de los verdaderos beneficiados por la trama fraudulenta.
Las reacciones a esta decisión de la magistrada no se han hecho esperar.
Desde el Partido Popular, su secretario general en Andalucía, José Luis Sanz, afirmó ayer que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán «no tendrá más remedio que asumir su responsabilidad política».
Además, señaló que no tiene ninguna duda de que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, es tan culpable políticamente como Griñán.
Sanz argumentó también que «los andaluces acabaremos sabiendo que era imposible que el presidente o el ex presidente de la Junta no supieran que se estaban dando ayudas sin normativa ninguna y creo que eso cada día que pasa es más evidente».
Por su parte Mario Jiménez, vicesecretario general del PSOE de Andalucía, defendió la inocencia del actual presidente señalando que el periodo investigado es 2000-2004, cuando Griñán «no tenía ninguna relación con la administración de la Junta de Andalucía».
