Los populares han anunciado que estudiarán las acciones legales oportunas
Las polémicas se suceden en el Ayuntamiento de Cuenca. Si hace pocas semanas fueron condenados por falta de consideración dos altos cargos del consistorio por menospreciar a dos policías locales, el Grupo Popular municipal ha denunciado hoy, miércoles 5 de junio de 2013, que el alcalde Juan Ávila hizo un contrato laboral indefinido al concejal de Hacienda Enrique Hernández Valero a través de la empresa del agua. Así lo ha explicado el portavoz de los populares en el Consistorio, Pedro J. García Hidalgo en una rueda de prensa en la que han participado varios ediles del PP. Según Hidalgo este hecho sobrepasa todo lo que uno puede pensar que puede llegar a hacer un responsable político intentando resolver el futuro laboral de uno de sus concejales.
Los populares han explicado que empezaron a sospechar que algo extraño ocurría cuando vieron un decreto del alcalde por el que Hernández Valero dejaba de estar liberado y de cobrar del Ayuntamiento, sin que esto fuera público ni anunciado en ningún órgano. Tras su investigación y petición de documentación descubrieron que la empresa municipal «Aguas de Cuenca», a la que han calificado como máquina de gastar y enchufar y «Aguas y dineros S. A.», había contratado a Hernández Valero de forma indefinida. Este hecho además de ser «inmoral y reprobable políticamente» es una «ilegalidad», según palabras del portavoz del PP, quien ha afirmado que nunca hubieran pensado que Ávila pudiera llegar a realizar un acto semejante.
Según se refleja en un informe de la vida laboral de Hernández Valero, durante el mes de abril estuvo contratado por la empresa mientras era concejal, lo que atenta claramente contra el artículo 178 2b de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que determina las incompatibilidades de los ediles. El texto indica que es incompatible la condición de concejal con la de contratado por el Ayuntamiento ni por ninguna de sus empresas públicas mientras ostente el cargo de concejal. De esta forma, los socialistas habrían cometido una ilegalidad, ya que Hernández Valero habría estado contratado sin que renunciase a su acta de concejal. Tal y como detallan, lo correcto sería haber nombrado al concejal como consejero delegado sin que existiera vinculación laboral alguna, nombramiento que terminaría en el momento de que cesase como concejal.
Los populares, que han anunciado que estudiarán las acciones legales oportunas, han manifestado que sus investigaciones han propiciado que este contrato concluyese y se reconvirtiese en un nombramiento como consejero delegado, tal y como debería haber sido desde el principio. El PP espera que Ávila no se escude en que ha sido un error, pues la fórmula para que un concejal sea un directivo en una empresa municipal, es de sobra conocida en este ayuntamiento, desde que se creara el antiguo EMPUSER, después denominado SIM.
Para el PP este ha sido un intento de Ávila para resolver el futuro laboral de un concejal, de quien no se tiene noticia de ninguna otra ocupación aparte de la política. Consideran que de no haber investigado los hechos, el contrato del concejal de Hacienda habría seguido, y estaría vinculado de forma indefinida al consistorio.
Los populares apuntan que con este hecho han comprendido porqué el primer edil ha incumplido su promesa de contar con la oposición y los agentes sociales en el Consejo de Administración de «Aguas de Cuenca», y han explicado que sus sospechas se confirmaron cuando desde la empresa municipal les dijeron que no les podían enseñar el contrato en cuestión.
Hidalgo ha dicho en un momento de la rueda de prensa que «el tema es tan fuerte que deberían sobrar las peticiones de dimisión ni las actuaciones en pleno». Según sus palabras «no nos lo podíamos creer».
Los populares han recordado algunos hechos de la política de personal de Juan Ávila desde que es alcalde, entre ellos el enchufe del ex gerente de la arruinada GEACAM en la Fábrica de Maderas, el nombramiento de un director general encubierto de personal cuyo sueldo asciende a 75.000 euros, y que ha sido condenado por un juez, o las sentencias en las que el juez le ha dicho a Ávila que no podría enchufar a trabajadores del SIM en el Ayuntamiento, sin un proceso selectivo adecuado.
