"La gestión del PP se ha basado en usar a los inmigrantes por una función electoral"
Derechos Humanos de Mallorca, la Confederación General del Trabajo de Baleares (CGT-IB) y la Asociación de Senegaleses de Mallorca (Asema), querellantes contra el conseller de Salud, Martí Sansaloni, y otros altos cargos por la muerte del inmigrante senegalés Alpha Pam, a quien se le denegó la atención en el hospital de Inca por no disponer de tarjeta sanitaria, han advertido de que «si tenemos que hacer ‘escraches’ o desobedecer leyes injustas, lo haremos asumiendo todas las consecuencias».
ACTUARÁN «CON CONTUNDENCIA»
Durante la rueda de prensa que han ofrecido sus responsables para profundizar en la querella interpuesta a raíz de este suceso, todos ellos han coincidido en la necesidad de actuar «con contundencia» contra la gestión del Govern en este sentido. «Si nos encontramos con miembros del Ejecutivo y les decimos lo que son, fachas, se lo diremos. Que sepan que nos encontraran», ha aseverado en este sentido el presidente de Derechos Humanos de Mallorca, Bernat Vicens.
En concreto, la querella, firmaba por el letrado Pablo Alonso de Caso y en cuya redacción ha colaborado quien fuese juez sustituto Francisco José Pérez, va dirigida contra Sansaloni así como contra el director general de Salud Pública y Consumo, Luis Rafael Santiso, el director del Servicio Balear de Salud (Ib-Salut), Miquel Tomàs, y el exdirector de la Fundación Hospital Comarcal de Inca, Fernando Navarro, quien fue cesado a raíz de estos hechos.
«CONDENADOS A MORIR»
Durante su intervención, Vicens ha lamentado que los colectivos más vulnerables, como los pensionistas, los dependientes y los inmigrantes, «estén condenados a morir» y ha manifestado que el caso de Alpha Pam «ya ha superado todos los límites». Es por ello ha apelado «a luchar con todas las armas de las que disponemos a nuestro alcance» y a que «comparezcan ante el juez desde el conseller hasta quien haga faltas».
Por su parte, el presidente de la Asociación de Senegaleses, Madiop Diagne, ha manifestado cómo desde hace tiempo disponen de documentación que acredita que «mucha gente ya no acude a centros sanitarios» debido a que se les exige pagar para ser atendidos», mientras que el representante de CGT ha recriminado que el fallecimiento de Pam era «una crónica anunciada».
UNA LEY «RACISTA Y XENÓFOBA»
En esta línea, ha recriminado cómo la gestión del PP se ha basado en «usar a los inmigrantes por una función electoral y hasta han aplicado las políticas que pregonan los partidos de ultraderecha» en base a «leyes racistas y xenófobas», como la 17/2012 de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, normativa que según la querella «supuso la exclusión de los ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular del sistema nacional de salud», excepto en supuestos especiales.
Y es que, añade la denuncia, los querellados, de forma «arbitraria, conjunta y preconcebida», implantaron «burdamente» un sistema sanitario a los extranjeros no autorizados como residentes, estableciendo un mecanismo de cobro automático e «indiscriminado» por el «mero hecho de que carecieran de tarjeta sanitaria, sin tener en consideración si dichos extranjeros tenían derecho a la asistencia gratuita» o por encontrarse en uno de los supuestos especiales de la anterior Ley.
PAGAR POR EL SERVICIO SANITARIO
«De forma pretenciosa y dolosa se pretendía allanar el camino del plan que habían preconcebido a los únicos efectos de expulsar al colectivo inmigrante anteriormente descrito del sistema público de salud» o que, de forma subsidiaria, «que abonaran por el servicio sanitario prestado sin atender a excepciones -que pagasen los servicios sanitarios recibidos sin venir obligados legalmente a ellos, de forma que se viesen en una suerte de hecho constitutivo de estafa».
Así pues, prosigue la querella, acordaron e impusieron un sistema de facturación y cobro «claramente ilegal» que se aplicó en todos los centros de Atención Primaria y centros hospitalarios de las islas. Es más, subraya que en el primer contacto que el paciente tiene con el centro de salud, se le obliga a cumplimentar un formulario de compromiso de pago cuya entrega al paciente conllevaba que el centro consideraba que el afectado «no era asegurado ni beneficiario del sistema sanitario público».
La querella recoge además los datos difundidos en este sentido por Médicos del Mundo, que ha contabilizado más de 160 casos en Baleares por falta de atención médica adecuada en supuestos de urgencias a personas sin tarjeta sanitaria, aun teniendo derecho a ella. «Prueba de todo ello y de la ilegalidad del sistema de cobro y facturación impuesto es que el señor Sansaloni, en mayo de 2013, ordenó la devolución de las facturas cobradas a los inmigrantes», incide.
