La sustituta de Rodríguez pide "máximo respeto a los procedimientos judiciales en marcha"
Ante la lamentable actitud del PP balear -Bauzá no ha criticado nada y simplemente se ha limitado en las últimas horas a pedir respeto de manera escueta- ha tenido que ser ahora la delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer, quien dé la cara tras las escandalosas declaraciones del conseller Carlos Delgado en torno al caso Radio Calvià.
Tras manifestar el otrora rival del presidente del Govern que el informe de la Guardia Civil «parece de Torrente’, jactándose así de que no va a ser imputado por este caso, no ha tardado la oposición socialista y nacionalista en pedir su dimisión mientras los aludidos hacen oídos sordos.
POR MUCHO MENOS HAN RODADO CABEZAS
Y es que en el PP balear, cómo no, todo es mirar para otra parte, cuando antaño y por mucho menos se ha puesto en la calle a cargos de relevancia, léase por ejemplo la reciente defenestración del director del Centro Baleares Europa, Vicente Enguídanos, por unas meras declaraciones a la prensa que pueden tener varias lecturas.
Palmer se hace eco del profundo malestar que reina en el seno de la Guardia Civil, y no le queda otra que expresar su plena «confianza en la labor diaria que desarrollan la Policía Nacional y la Guardia Civil», en relación a las supuestas irregularidades que se investigan en la adjudicación del servicio de esta radio municipal.
En este sentido, la delegada del Gobierno ha pedido «máximo respeto a los procedimientos judiciales en marcha».
«NI LA MÁS MÍNIMA POSIBILIDAD»
Delgado considera que no tiene «la más mínima posibilidad» de resultar imputado a raíz del citado informe de la Guardia Civil.
A su entender el mismo recoge diferentes errores en las fechas «al basarse en que el plazo para la presentación de las proposiciones para el concurso de Radio Calvià concluía el 4 de julio de 2004, cuando en realidad este día era domingo, y, por tanto, al ser inhábil, finalizaba el día 5».
El conseller calificó de esta forma de «rocambolesco» que se recoja que las ofertas que entraron al día siguiente fueron admitidas «ilegalmente». Por si fuera poco ha remitido un informe a la jueza en el que le pide que «se intente que los informes se hagan por gente cualificada».