La respuesta de la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, que en su recurso contra la imputación de la exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, le pidió que aplazara la declaración del exinterventor, no se ha hecho esperar.
Sin aguardar a que se agotara el plazo y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, que avaló todas sus tesis el pasado viernes, la instructora dictaba ayer un auto en el que no solo mantenía la declaración de esa persona, Manuel Gómez, para el próximo jueves, sino que acusaba directamente al Ejecutivo andaluz de actuar más como defensa que otra cosa y de faltar a la verdad en sus tesis.
Como explica Mercedes Benitez en ‘ABC’, Alaya fijó un nuevo calendario de citaciones para el próximo mes de septiembre, incluyendo en el mismo al número dos de la sucesora de José Antonio Griñán, la consejera Susana Díaz.
Así, en un breve pero contundente auto de cuatro folios, la instructora acusa a la Junta de Andalucía de llevar a cabo «una posición más propia de una defensa que de una acusación particular», pues esa es la condición en la que está personada en el proceso.
En esa línea, Alaya insiste en que la posición de la Junta de Andalucía «llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí».
Y recalca que la solicitud que el Ejecutivo hizo para que se aplazara la declaración del exinterventor, Manuel Gómez, y no se fijaran nuevas declaraciones del procedimiento, podría suponer un nuevo retraso en el mismo.
De hecho, la instructora justifica su decisión de seguir adelante con las citaciones en que ese aplazamiento sería una medida «que puede afectar el curso normal del procedimiento, por implicar un retraso significativo en la instrucción».
Alaya, como es lógico, no hace, porque no es de su competencia, valoraciones sobre la «mayor o menor fundabilidad» del recurso interpuesto por la Junta de Andalucía en la Audiencia de Sevilla contra la imputación de la exconsejera.
Pero en cualquier caso deja claro que no esperará a que la Sala resuelva sobre el mismo, lo que aún tardará un tiempo, y seguirá adelante con su plan de trabajo.
Por ello, la juez decide hacer justo lo contrario de lo que le pide la Junta de Andalucía. Mantiene la declaración de Manuel Gómez, el exinterventor que acusó al presidente José Antonio Griñán de «cebar sin descanso» la partida presupeustaria de los ERE, la famosa 31-L.
Y fija un calendario con nuevos altos cargos imputados citados para el próximo mes de septiembre tal y como le había pedido la Fiscalía Anticorrupción, que ha insistido en las últimas semanas en que hay que llamar a los imputados cuanto antes.
El primero en declarar será el que fuera jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo, Antonio Díz-Lois, citado el día 10 de septiembre. Luego llegará el plato fuerte, el actual viceconsejero de Presidencia y, por tanto número dos de Susana Díaz, Antonio Lozano, cuya declaración como exdirector general de Presupuestos está fijada para el día 17 del mismo mes.
Cuarenta y ocho horas después está citado Buenaventura Aguilera también como ex director general de Presupuestos.
El ex viceconsejero de Empleo, Justo Mañas, deberá comparecer ante Alaya el día 30 y, finalmente para el día 9 de octubre la juez ha fijado la declaración del exdiputado socialista Ramón Díaz.
Pero la juez también aprovecha al auto para rebatir los principales argumentos que empleó la Junta de Andalucía contra las imputaciones de Magdalena Alvarez y los otros diecinueve altos cargos y ex altos cargos.
Una garantía jurídica
Así, contra la tesis del Ejecutivo andaluz que acusaba a la instructora de no haber motivado el auto de las imputaciones, Alaya asegura que el famoso auto no es más que «una llamada al procedimento de una serie de personas a las que debe tomárseles declaración» y que se trata, por tanto, de una garantía jurídica.
«No está previsto un auto a modo de juicio de imputación como pretende la Junta de Andalucía».
Por el contrario, la juez recuerda que, según establece el artículo 775 dela Ley de Enjuiciamiento Criminal, es en la primera comparecencia de cada imputado, como así ha hecho ella a lo largo de todo el procedimiento, cuando la juez le hace «el relato pormenorizado de hechos punibles y una calificación penal provisoria».
En este sentido la magistrada asegura incluso que el auto no tiene más virtud que informarles con carácter general «de los hechos sobre los que serán interrogados e instruirles de sus derechos».
Pero Alaya va más allá y rebate la tesis de la Junta de Andalucía acerca de que si la juez considera ilegales las transferencias de financiación, que fueron aprobadas por el Parlamento, habría que imputar a los 109 diputados autonómicos que votaron o enmendaron aquellos presupuestos.
Se trata de un argumento utilizado por la Junta, el de que las leyes de presupuestos han obligado al uso de las transferencias de financiación al IFA para el pago de las subvenciones ordenadas por la Consejería de Empleo que, según la instructora, «carece de veracidad».
Concesión de subvenciones
En este sentido, aclara que las leyes de presupuesto de 2002 a 2009 han recogido créditos para librar por parte de la Consejería de Empleo mediante transferencias de financiación al IFA-IDEA pero en ningún caso que tuvieran que destinarse a conceder subvenciones sociolaborales.
E insiste en que la concesión de esas subvenciones solo aparece en las memorias e informes económicos anexos a los presupuestos, algo que no forma parte de la Ley de Presupuestos, ni de su articulado, ni de su estado de gastos.
Y, por tanto, insiste en que no fue aprobado por el Parlamento andaluz. Alaya asegura que ha valorado «las posiblidades de éxito o fracaso» de ambos argumentos y sigue avanzando. La Audiencia de Sevilla, que debe resolver el recurso de apelación, no se pronuncirá hasta septiembre.
