Se enfrenta a la pena más elevada impuesta para un político en Baleares y a una de las más altas en todo el país.
La Audiencia de Palma ha decretado prisión para el exconseller Cardona al existir riesgo de fuga. De momento ha sido conducido a la cárcel de Ibiza.
La Fiscalía había solicitado como medida cautelar prisión incondicional sin fianza para el exconseller de Comercio, Industria y Energía del Govern de Jaume Matas, Josep Juan Cardona, después de que este lunes fuera condenado a 16 años de prisión por el desvío de más de cinco millones de euros públicos a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB).
Así lo habían pedido los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau en la vistilla celebrada este mediodía en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares.
VIDEOCONFERENCIA EN IBIZA
El exalto cargo del PP se encuentra en los Juzgados de Ibiza, después de que fuera citado a las 12.30 horas para asistir a la vista a través de videoconferencia. Cardona se enfrenta a la pena más elevada impuesta para un político en Baleares y a una de las más altas en todo el país.
Cabe recordar que la Audiencia ya acordó el pasado mes de mayo, a petición de la Fiscalía, retirar el pasaporte al exconseller así como su personación en dependencias de la Guardia Civil el día 1 de cada mes, prohibiéndole además salir del territorio nacional sin previa autorización judicial, al considerar que sobre él pesan indicios suficientes de criminalidad que pueden conllevar un elevado riesgo de fuga.
Sobre el condenado, para quien la Fiscalía solicitaba hasta 21 años de prisión, pesan un delito de asociación ilícito (tres años de cárcel), un ilícito continuado de malversación en concurso con prevaricación, falsedad en documento oficial por funcionario, falsedad en documento mercantil y fraude a la administtración (siete años y medio) y un delito continuado de cohecho (cinco años y medio). Además, ha sido condenado a treinta años y diez meses de inhabilitación.
Mientras tanto, otros tres de los acusados que han sido condenados en el marco del caso Scala, el exdirector general de Promoción Industrial del Govern Kurt Viaene -cinco años y cinco meses de prisión-, la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas -cuatro años y dos meses- y el empresario y exconcejal de Lloseta Felipe Ferré -tres años y nueve meses-, han comunicado que no recurrirán la sentencia (debido a que pactaron las penas) y que, por tanto, prevén ingresar en los próximos días en el centro penitenciario de Palma.
Según la resolución judicial, de 639 páginas, los exaltos cargos urdieron el expolio del CDEIB mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban hombres de paja o testaferros y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.
«SAQUEO SISTEMÁTICO» DEL CDEIB
Ya en sus alegatos finales durante la vista oral, el fiscal Pedro Horrach subrayó que el «saqueo sistemático» y el uso de la Administración «para intereses bastardos debe de ser una enfermedad muy contagiosa, dado que la padecen todos los acusados de este caso». Y en el epicentro de esta causa, el exconseller de Comercio, al que el fiscal se refirió como «el jefe de la banda», con «indicios múltiples y variados que conducen a concluir que era el líder de una trama dirigida a saquear las arcas públicas».
En una contundente intervención ante el tribunal, Horrach aludió al «historial político» de Cardona, desplegando los numerosos indicios incriminatorios que pesan sobre él, y recalcando cómo lideró el funcionamiento del grupo delictivo y participó en la manipulación de los procedimientos administrativos. «Yo tardé dos segundos en conocer estas reglas básicas de este tipo de procedimientos, ¿y él no las conocía?», espetó al respecto.
Horrach ya se mostró con dureza en su interrogatorio al exconseller, al aseverar en uno de los momentos de la comparecencia, dirigiéndose al acusado, que «no le voy a decir cuántos casos llevo, pero me los miro todos», después de que el inculpado aseverase que no podía controlar todas las contrataciones que se llevaban a cabo a través del Consorcio que él presidía.
